Desde el Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) se espera que el consenso alcanzado en la ponencia de la Ley de Memoria Histórica, que ha terminado hoy, “se mantenga y se refleje en el texto definitivo final que será aprobado, previsiblemente, en el mes de septiembre”.
Así lo ha manifestado la diputada Guadalupe González Taño, tras la reunión celebrada esta mañana, en la que concluyó el trabajo de la Ponencia de la Comisión de Gobernación que había continuado el calendario de reuniones previas por parte de los representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento.
El consenso, la unidad y la implicación de todas las fuerzas políticas y administraciones “es fundamental para la recuperación de la dignidad de las familias que llevan muchos años en la lucha por encontrar y enterrar a sus seres queridos”, y en ese compromiso siempre han estado los representantes públicos de CC-PNC en aquellas instituciones que ha gobernado, liderando las exhumaciones llevadas a cabo en distintos puntos de Canarias.
Tal y como explicó la diputada, la futura Ley contempla una mayor implicación de las administraciones canarias en la exhumación de los cadáveres y reconocimiento a las víctimas. Asimismo se crea un banco de ADN que pueda mantener las muestras genéticas de los familiares que ya son de avanzada edad a fin de que si se hay nuevos restos éstos puedan ser identificados y se posibilita la utilización de este Banco para contribuir a la averiguación de datos sobre los procesos de sustracción de menores en Canarias
Otra de las iniciativas que incluye la ley es la creación de un Centro Documental virtual de la Memoria Histórica, que centralice los documentos sobre este periodo histórico en Canarias; la incorporación de contenidos curriculares y la celebración de un Día de la Memoria Histórica en Canarias, todavía sin fecha definida; así como de una Comisión Técnica que evalúe, asesore y proponga actuaciones en el ámbito de todos esos procesos
Guadalupe González Taño recordó “que Coalición Canaria siempre ha defendido que las actuaciones debe ser financiadas por el Estado español y en este sentido, “esperamos que las modificaciones legislativas que se están produciendo en el Congreso permitan la financiación necesaria para cumplir con este objetivo”.
Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma de Canarias asuma el estudio de las singularidades que este periodo de la Historia de España, iniciado en Canarias, tiene en nuestro Archipiélago “donde no hubo Guerra Civil pero sí un intenso y largo proceso de represión con un gran número de víctimas”, concluyó.
