Los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) han firmado esta mañana un acuerdo por el que comprometen su apoyo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio de 2019.
El acuerdo, que ha sido rubricado por el portavoz de CC-PNC, José Miguel Ruano, y el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, ante la presencia del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; se rige por los principios de refuerzo de los servicios públicos esenciales, (Sanidad, Educación y Políticas Sociales), la dinamización, diversificación y competitividad de la economía, manteamiento de la creación de empleo, la especial atención a los sectores más vulnerables de la sociedad y la contención de gasto público.
Tanto Clavijo como Curbelo coincidieron al afirmar “que es necesario contribuir a la estabilidad en el Archipiélago para hacer posible el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos y ciudadanas con las políticas impulsadas, tanto de carácter social como de crecimiento económico e incentivos a empresas”.
En este sentido, en Política económica, se acuerda incrementar el gasto sanitario con el objetivo de combatir las listas de espera, la implantación completa del plan urgencias canario, la atención a enfermos crónicos y cuidados paliativos en coordinación con las políticas de atención a dependencia e incremento de plazas iniciado por parte del Gobierno con Cabildos, con la construcción de nuevos centros sociosanitarios, fortalecimiento de la atención primaria y los programas dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Este acuerdo también contempla el objetivo de alcanzar para Educación el 5% del PIB en el 2022 y que los incrementos presupuestarios se destinen a la mejora de la calidad educativa, la digitalización de las aulas, la extensión de la educación bilingüe y la extensión de la educación de 0-3 años. Asimismo se trabajará para dar una solución satisfactoria a la problemática de los docentes que aprobaron las oposiciones para Educación Secundaria.
Tal y como se acordó con el Grupo Popular, se contempla una partida presupuestaria específica y exclusiva para la aplicación de la Ley de Servicios Sociales, se apuesta por la sostenibilidad y las energías limpias, y se fomenta de manera firme el impulso económico del sector primario. Todo ello desde la diversificación económica y la dinamización comercial, apoyando a los autónomos y emprendedores de nuestras Islas paliando los altos costes a los que deben hacer frente, a la que vez que se favorece la creación de empleo y autoempleo.
En materia de política fiscal, se procederá a una bajada del tipo general del IGIC del 7% al 6,5%, sin que esta merma afecte a los Cabildos y Ayuntamientos; se aplicará la exención del IGIC a los servicios de atención social sociosanitaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día y noche, atención residencial y a la promoción de la autonomía personal y la atención de personas en situación de dependencia. Asimismo se baja del 3% al 0% los productos básicos manufacturados de la cesta de la compra (pan especial, pasta y aceites).
También se incluye en el acuerdo la cláusula por la que, si se pudiera incorporar el superávit de la Comunidad Autónoma (de más de 600 millones de euros), se autoriza al Gobierno de Canarias a utilizar estos recursos para aumentar el presupuesto en políticas educativas, sanitarias y de bienestar social, así como a dar continuidad a la disminución de los tipos de gravamen del IGIC.
Finalmente e iniciado el trámite de enmiendas, también ASG y CC-PNC velarán por rechazar las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse, coordinar la presentación conjunta de enmiendas al articulado y a las económicas y coordinar y la posición conjunta ante las enmiendas que pudieran plantearse por los otros grupos parlamentarios.
El acuerdo entre el Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) y el Grupo Popular (PP), por el que comprometen su apoyo a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, persigue como objetivos principales el reforzamiento de los servicios públicos esenciales, la dinamización y competitividad de la economía canaria, la bajada de impuestos, que permita una mejor distribución de la riqueza; y la contención del gasto público.
Este acuerdo fue ratificado hoy, en la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, por los portavoces de CC-PNC, José Miguel Ruano, y del Grupo Popular, María Australia Navarro con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario, Asier Antona y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
En su intervención Fernando Clavijo agradeció el compromiso del Partido Popular en Canarias para contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad del Archipiélago y destacó que por primera vez ”el Presupuesto desplegará la totalidad del REF, una vez desvinculado de la financiación autonómica, que suponen unos 680 millones de euros de gasto directo”.
En un contexto de inestabilidad e incertidumbre política y económica a nivel estatal, ambas fuerzas políticas creen necesario generar estabilidad en el Archipiélago y que no solo se mantengan las políticas de crecimiento económico e incentivos a las empresas, sino que se contribuya al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, necesarios para la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En materia de política fiscal se establece la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 6,5%, garantizando que no existirá merma de la financiación de las administraciones locales; la exención del IGIC de los servicios de atención social y socio sanitaria y la disminución del 3% al 0% de los productos básicos manufacturados de la cesta de la compra; la exención del IGIC a la entrega de energía eléctrica; la bajada del 0,5% de los dos primeros tramos de la escala autonómica; el incremento de las deducciones en la cuota en el IRPF a las familias numerosas; y la aplicación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los parientes del Grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, entre tíos y sobrinos).
El acuerdo incluye, además, una cláusula en la que se establece que si se pudiera incorporar el superávit de la Comunidad Autónoma, de más de 600 millones de euros, se autoriza al Gobierno de Canarias a utilizar estos recursos para aumentar el presupuesto en políticas educativas, sanitarias y de bienestar social, así como a dar continuidad a la disminución de los tipos de gravamen del IGIC.
En materia de política económica, ambas fuerzas acuerdan la financiación de la Ley de Servicios Sociales, el incremento del presupuesto de Educación con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en el 2022, el incremento del gasto sanitario y la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para autónomos hasta los dos años.
Finalmente e iniciado el trámite de enmiendas, ambos grupos velarán por rechazar las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse, coordinar la presentación conjunta de enmiendas al articulado y económicas, y coordinar la posición conjunta ante las enmiendas que pudieran plantearse por los otros grupos parlamentarios.
El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Juan Manuel García Ramos, celebró la entrada en el Parlamento del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural ya que “viene a rescatar, valorar y conservar un pasado que en buena parte ha sido despreciado durante siglos”.
Para García Ramos es de lamentar que, en el proceso de conquista por parte de los castellanos, expoliaron el patrimonio del pueblo que habitaba las islas con 2.000 años de antigüedad. Fueron los poetas renacentistas los que empezaron a valorar esa cultura, una de las tres en todo el mundo que tenía una ceremonia de momificación, confirmada tras el hallazgo de 300 momias en una cueva en Güímar que fue arrasada y cuyas piezas se encuentran dispersas, algunas de ellas en el Museo Mar del Plata.
Oportunidad de la Ley
Esta Ley sustituye a la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico dado que se ha quedado obsoleta por la evolución de la materia regulada, tanto del concepto mismo de Patrimonio como desde el punto de vista de los instrumentos de protección y sus conexiones con las demás disciplinas que tienen incidencia sobre el Patrimonio (Turismo, Medioambiente, Urbanismo, …).
García Ramos destacó las principales novedades de esta norma que incluyen un sistema de información del patrimonio cultural de Canaria (GARA), nuevos instrumentos de protección y se definen nuevas categorías como paisaje cultural y sitio industrial y se clasifican como patrimonios específicos el patrimonio arqueológico, el patrimonio subacuático, el patrimonio industrial, el patrimonio documental y bibliográfico y el patrimonio inmaterial.
El diputado destacó también que en Los Museos se crea le registro de museos y condiciones para su creación, se impulsan medidas de fomento para la protección del patrimonio, se implanta la inspección periódica de edificios, un régimen sancionador más preciso y eficaz y se insta a una mayor implicación de los Ayuntamientos y Cabildos.
El Parlamento ha aprobado por unanimidad la iniciativa del diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-CPN), Marciano Acuña, para solicitar al Gobierno de España que mejore y garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia exterior (SIVE) en Lanzarote.
En este sentido, Marciano Acuña reprochó durante su intervención plenaria a la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, que siga afirmando que el sistema SIVE funciona, cuando ha quedado en evidencia su mal funcionamiento, tal y como ha reconocido incluso hoy la portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Dolores Corujo.
El diputado, haciéndose eco de las reivindicaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, también expresó la necesidad de contar con un radar en funcionamiento para la zona norte de la Isla, radar que se adquirió en 2015 y cuyo coste supuso 6 millones de euros.
“Ante esta falta de medios materiales, económicos y humanos se da una grave consecuencia, el enorme riesgo para la salud y la integridad física de las personas que vienen a bordo de estas embarcaciones”, apuntó el nacionalista, quien recordó además que el pasado 15 de enero 7 personas perdieron la vida a escasos metros de la costa de Teguise.
A esta realidad se suma otro problema, y es el colapso de las instalaciones habilitadas por el Cabildo de Lanzarote para dar acogimiento a los menores declarados en desamparo. Acuña agradece la solidaridad demostrada entre las administraciones insulares y locales para hacer frente a esta crisis, y reclama al Gobierno de España mayores medidas e implicación para garantizar la seguridad de las costas y sobre todo la vida de quienes llegan a ellas.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Elena Luis, ha recordado esta mañana, en el pleno, los avances que el sistema de dependencia canario ha experimentado en los últimos dos años “por lo que no se entiende la posición de las fuerzas políticas que han reprobado a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales”.
Sin duda el sistema tiene dificultades “pero solo con datos se puede desmontar la posición de estos grupos políticos que solo defienden su posición por una cuestión electoralista que no se sustenta en la realidad”.
Tanto es así, que han defendido la moción con un solo punto, el de la reprobación de la consejera, suprimiendo otras propuestas de la moción inicial “que considerábamos interesantes para mejorar el sistema de dependencia”. Sin duda, no han querido mejorar el sistema con esta iniciativa sino “minar la acción del Gobierno ante la inminencia de la cita electoral”.
“Pero los datos están ahí”, insistió Elena Luis.
Hasta agosto de este año se han dado 3.086 altas, y en los últimos tres años se ha registrado un total de 12.029 nuevas altas de resoluciones de reconocimiento de prestación, según certifica el Imserso; a fecha 31 agosto, en Canarias hay un total de 30.291 personas que tienen reconocido el derecho.
Como avances podemos destacar “la inclusión del módulo sanitario, con un importante incremento presupuestario, y, por primera vez, de 422 plazas de teleasistencia
Desde el punto de visto económico, las mejoras del sistema se reflejan en el incremento destinado a las personas receptoras de una prestación, que hasta agosto de 2018 importan más de 39 millones de euros.
Eso sin mencionar la partida destinada a los Cabildos para las plazas de atención a discapacidad y dependencia, a las que, en el año 2018, el Gobierno de Canarias ha destinado 104.395.922 euros, lo que supone un incremento de aportación con respecto a 2017 de 27 millones de euros. Esto ha permitido 500 plazas más y 10.670 plazas sociosanitarias.
Estas son las pruebas de que el Sistema de Dependencia en Canarias está mejorando y los avances son indiscutibles, “tras una situación caótica y los recortes en financiación, que llegaron a ascender a 1.000 millones de euros”, concluyó Elena Luis.
El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-CPN), David de la Hoz, lamentó hoy en el pleno del Parlamento la negativa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a reunirse con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su reciente visita a Lanzarote, para abordar el repunte migratorio que ha experimentado la Isla en este último año.
De la Hoz señaló que ya son 34 las embarcaciones que han arribado a Lanzarote y más de 200 los menores extranjeros no acompañados que requieren acogida y atención, para lo que el Cabildo de Lanzarote se ha visto en la obligación de decretar la situación de emergencia humanitaria.
“El presidente Sánchez tuvo oportunidad de reunirse con miembros del Partido Socialista pero no tuvo ni diez minutos para reunirse con el Cabildo para abordar esta situación que se está viviendo en la Isla”, lamentó el diputado nacionalista.
Asimismo, David de la Hoz hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno de España muestre mayor capacidad de diálogo, cooperación, colaboración y sobre todo coordinación.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, expresó por su parte que aunque Canarias ya tiene experiencia tratando este fenómeno, es necesario que todas las administraciones trabajen juntas; por una parte, para evitar la generación de brotes xenófobos y por otra, para hacer efectiva la solidaridad entre comunidades autónomas que permita que todos los menores extranjeros no acompañados puedan ser atendidos.
Respecto a la negativa del presidente Pedro Sánchez a reunirse con el presidente Fernando Clavijo, el consejero señaló que desde el Gobierno de Canarias reconocen que quieren pensar que ha sido un problema de agenda.