Díaz-Estébanez: “Torres debe explicar si estaba al tanto de las gestiones para suscribir el contrato del caso mascarillas”
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, ha reclamado hoy, en rueda de prensa, que el presiente Ángel Víctor Torres explique si estaba al tanto de las gestiones para suscribir el contrato del caso mascarillas, como presidente del Gobierno y como presidente del comité de gestión de las Emergencia.
Además, de ese órgano, formaban parte Román Rodríguez, Sebastián Franquis, Conrado Domínguez, José Julián Istúriz y Ricardo Perez, así como Julio Pérez y Antonio Olivera, consejero de Sanidad y director del Servicio Canario de Salud (SCS), respectivamente, cuando se inició el procedimiento de adquisición de este material sanitario.
Desde el Grupo Nacionalista Canario, no queremos poner el foco exclusivo, como se está viendo en las informaciones publicadas en los últimos días, en la gestión del actual director del SCS, Conrado Domínguez, porque “alguien tuvo que facultarlo para que, desde su puesto como secretario general de la Consejería de Obras Públicas, diera instrucciones al personal de Sanidad”.
Para Díaz-Estébanez, la falta de transparencia del Gobierno de Canarias es evidente, porque no ha hecho declaraciones hasta que, dos años después, no se ha vito apremiado por una denuncia privada, las informaciones periodísticas, especialmente del periódico Canarias 7, un informe de la Audiencia de Cuentas, y tras las solicitudes de comparecencia de este grupo parlamentario.
Y en este punto “debemos lamentar que aprovechen su situación de mayoría para dejar un lado nuestras propias solicitudes”, registradas con antelación, para imponer su relato de que “todo se ha hecho correctamente y que van a intentar recuperar el dinero perdido”, hecho éste último que “está dentro de lo que se espera de un gobierno responsable, que no lo fue, y viene a presumir de buena praxis dos años después de cometido el presunto delito”, explicó el diputado.
La Fiscalía no piensa lo mismo que el presidente Torres, que describe en la querella “la arbitrariedad, irregularidad, decisiones temerarias, proceder grosero y desviación de poder”, entre otras denominaciones, de las actuaciones del Gobierno.
Finalmente, Díaz-Estébanez recordó que el ‘caso mascarillas’ no es otra cosa que una estafa por la que el Gobierno pagó cuatro millones de euros a una empresa sin experiencia en gestión sanitaria, sin solvencia técnica o económica y sin ningún tipo de aval (salvo sus amistades personales) a cambio de un material que nunca llegó, “aprovechándose obscenamente del peor momento, de una tragedia que se llevaba vidas por delante”, denunció.
