Cristina Valido

Opinión. Derechos Sociales, 2 años después

.- Cristina Valido

En medio de una terrible crisis social generada por la pandemia, en el momento en que la ciudadanía más apoyo ha necesitado, el escenario no puede ser más preocupante.

Con más recursos económicos y de personal que en toda la historia de gobierno autonómico, recordemos como desde 2019 se ha incorporado una media de cien trabajadores año, algo anunciado como todo un éxito en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad por Ángel Víctor Torres.

Estos datos reflejan un empeoramiento más allá de los efectos lógicos que una pandemia general y que ya han puesto en evidencia el sector formado por Cabildos y Ayuntamientos, o Colegios profesionales.

Ha sido el propio sector el que ha rechazado la propuesta de Catálogo de prestaciones y servicios de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en mayo de 2019, que no recoge ni siquiera los servicios que ya existen hoy. Este catálogo supone un retroceso en las políticas sociales, planificación y dotación que se contemplaron en la ley que contó con la unanimidad del Parlamento de Canarias. Una Ley de última generación que se colocaba a la cabeza de las mejores de España y que dos años después se incumple en todos sus términos

Este gobierno que sí lleva dos años presupuestando decenas de millones para una Ley de renta ciudadana que no existe todavía y no han ejecutado, pero no ha dotado de los 55 millones de euros /año que exige la Ley aprobada para su desarrollo y cumplimiento.

Asimismo, la convocatoria de distribución de fondos del IRPF para ONGS ha desaparecido y se ha vuelto a la subvención directa con la denuncia permanente de los colectivos que gestionan y responden a las familias más vulnerables de Canarias. Estas ONGS, que en toda Canarias atendieron en 2020 a más de 350.000 personas, siguen si sin saber ni cómo ni cuándo, ni cuánto va a ser su financiación, cerniéndose sobre sus estructuras el riesgo del cierre y desabastecimiento, como es el caso de los Bancos de Alimentos.

La mejora de la PCI aprobada en la Ley de Servicios Sociales con el gobierno anterior no ha supuesto sino un incremento de 2.500 personas aproximadamente en dos años terribles para los canarios, mientras más de 100.000 personas han solicitado un “Ingreso mínimo vital” que no ha llegado ni ha diez mil. El gobierno presume de que más gente recibe ayuda que antes, con unas cifras de respuesta ridículas ante la demanda disparada de auxilio. En un escenario socialmente catastrófico se presume de incrementos insignificantes como si sanidad pudiera considerar un éxito tener más enfermos.

Solo ha habido una ayuda excepcional en dos años: el Ingreso Canario de Emergencia, que no respondió sino a quienes ya no tenían ingresos antes de la pandemia, pues debía acreditarse no haberlos tenido antes de abril de 2020, cuando el confinamiento se inició a mediados de Marzo de ese año. Desde entonces no volvió a abrirse la posibilidad de recibir esta ayuda que además era única y puntual.

Las pensiones no contributivas han pasado de un tiempo de 8 meses para su recepción a 11 meses para ver el expediente por primera vez e iniciar su tramitación. El tiempo medio para recibir una prestación por dependencia ha pasado, según datos del Diputado del Común, de 520 días del gobierno anterior a más de 900; los fallecidos sin recibir el derecho ya son más de 8 personas diarias pero el gobierno contesta con los datos de fallecimientos, infinitamente menores que en 2018, y dos años después culpa de las menores cifras de altas en el sistema a a los responsables en la anterior Legislatura, que incorporó en sus cuatro años a 12.000 personas.

El Plan de Infraestructuras sociosanitarias aprobado en 2018 por el gobierno nacionalista para contar con 5.000 camas para grandes dependientes con urgencia, financiado por el gobierno no se ha ejecutado, mientras decían cuando estaban en la oposición que el número de camas proyectado era insuficiente hoy ni 500 plazas se han construido.

La gestión de la atención a menores inmigrantes es cada vez más preocupante por las situaciones que la sobreocupación genera en los centros. La posición de este gobierno ante el Estado y la UE no ha pasado de titulares de efecto con exigencias que no han puesto el foco en la denuncia del incumplimiento de las promesas de todos los ministros en sus visitas a Canarias, y ha sido de silencio cuando los cargos de Podemos han osado decir,  en presencia de la consejera, que “unos centenares de menores no son un problema para Canarias”.

Ni la Ley del Tercer Sector, ni el Plan Integral de atención a la discapacidad, ni la actualización de la ley de atención a la infancia, avanzados en la legislatura pasada y hasta presentados en el Parlamento entonces para su tramitación, han vuelto a la Cámara autonómica. La única Ley aprobada en tiempo es la conocida como Ley Trans canaria que quedó culminada entre 2018/2019 y pudo registrarse al inicio de este mandato.

La Estrategia de atención a la infancia y la familia aprobada con el aplauso de todos los grupos a sus redactores y presentada en 2019 sigue sin contar con financiación para su aplicación dos años después, cuando las tasas de pobreza infantil de han disparado.

A todo este triste panorama, desde el inicio de la Legislatura se ha unido los graves enfrentamientos con la fiscalía del menor, con las entidades no gubernamentales y con los sindicatos, además de la categórica denuncia del Comité de empresa sobre la “nefasta gestión y empeoramiento de la Consejería”.

Esto es lo que tenemos en Canarias, dos años después, dos años después de que se presentaran ante la sociedad como los que iban a solucionar todos y cada uno de los problemas de la población en situación de mayor vulnerabilidad. Nada se ha hecho y lo que se ha hecho se ha hecho de manera incorrecta.

Es el momento de decir basta, y actuar. No valen excusas ni mirar para el pasado. Canarias no lo merece.

 

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