Vidina Espino: “Esta Ley no vulnera la autonomía universitaria, sino que la reafirma”
- La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista (CCa) pidió que la Ley de Consejos Sociales “no se reciba desde el miedo al cambio, sino como una oportunidad para tener una Universidad más comprometida con el presente y el futuro de esta tierra”.
- Espino reiteró que la ley “cuenta con respaldo jurídico pleno” y que el Consejo Consultivo “no ha formulado objeciones de inconstitucionalidad”.
Canarias, 9 de julio de 2025.- La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, ha intervenido en el Pleno del Parlamento para defender la postura del Grupo Nacionalista sobre la reforma de la Ley de Consejos Sociales de las universidades públicas canarias y la coordinación del sistema universitario.
Según Espino, el objetivo de la Ley es fortalecer los Consejos Sociales de nuestras Universidades como órganos de participación ciudadana, rendición de cuentas y de conexión con su entorno. Asimismo, la diputada nacionalista hizo hincapié en que esta Ley delimita con claridad las competencias del Consejo Social: no entra en programación docente, no decide contenidos académicos, no interfiere en la selección del profesorado.
La parlamentaria insistió en que “se mantiene plenamente el liderazgo académico del Consejo de Gobierno universitario”, al mismo tiempo que se le reconoce al Consejo Social lo que le corresponde, como vigilar el buen uso de los recursos públicos, impulsar la colaboración universidad-sociedad, fomentar la transparencia, y participar en la planificación estratégica. Según explicó, las universidades públicas reciben hasta casi 300 millones de euros cada año, por tanto, “la ciudadanía tiene derecho a saber qué retorno obtienen y cómo se toman las decisiones”.
Vidina Espino quiso destacar el periodo de diálogo y escucha establecido con los rectores durante el proceso, así como la incorporación de mejoras sustanciales centradas en la limitación del plazo de los informes a 60 días; la eliminación de cualquier informe sobre programación docente; o la clarificación de que la inspección de servicios queda en manos del rectorado, “algo que nos aseguraron era fundamental para ellos”, añadió.
Sobre el Consejo Universitario de Canarias, Espino afirmó que se garantiza la representación mayoritaria de las universidades públicas y que las decisiones sobre ellas “se tomen sin ninguna participación de las privadas”.
Además, la diputada de Coalición Canaria reiteró que la ley cuenta con respaldo jurídico pleno y que el Consejo Consultivo no ha formulado objeciones de inconstitucionalidad, “por lo que quienes pretender cuestionar esta ley desde posiciones jurídicas saben de sobra que hacen interpretaciones sesgadas, interesadas, o directamente falsas”. En esta línea, señaló que el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, otorga plenas facultades para legislar en materia de universidades y sus órganos de gobierno.
Sobre la firma de convenios por parte de los Consejos Sociales, Espino argumentó que, dentro de lo que son sus competencias, “ni la LOSU ni la Ley de derecho administrativo delimitan qué órgano puede firmar convenios”. Asimismo, sobre la propuesta de cese del gerente, la diputada esgrimió que el Consejo Social, que también participa del visto bueno del nombramiento del mismo, puede proponer —motivadamente— su cese cuando detecta graves deficiencias, aunque “la decisión última siempre la mantiene el Rector, lo mismo que con la inspección de servicios”.
La diputada de Coalición Canaria señaló que el objetivo final de esta reforma legislativa “es reforzar la confianza ciudadana en nuestras universidades, dotándolas de herramientas para ser más eficaces, más transparentes y útiles”. Por ello, pidió que esta Ley de Consejos Sociales “no se reciba desde el miedo al cambio, sino como una oportunidad para tener una Universidad más comprometida con el presente y el futuro de esta tierra”.
