Socorro Beato: “Este Gobierno ha conseguido acelerar de manera extraordinaria el reconocimiento de la dependencia y ahora el objetivo es agilizar una respuesta efectiva”
La diputada de Coalición Canaria destacó que el tiempo medio de resolución ha bajado de unos 800 a 250 días y defendió nuevas herramientas para agilizar plazas, centros y servicios.
Canarias, a 10 de septiembre de 2026.- La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CCa), Socorro Beato, defendió este jueves en el Pleno del Parlamento la convalidación del decreto ley que incorpora medidas para mejorar la gestión de los fondos europeos Next Generation y, especialmente, para avanzar en la gestión de la dependencia.
Beato destacó que Canarias ha conseguido durante esta legislatura reducir de manera extraordinaria los tiempos necesarios para reconocer el derecho a la dependencia y aseguró que el siguiente objetivo debe ser que ese avance administrativo se traduzca con la misma rapidez en una prestación, un servicio o una plaza real para cada persona.
«Durante demasiado tiempo hablar de dependencia en Canarias era hablar de retrasos, expedientes acumulados y personas esperando durante años. Esa realidad ha cambiado», afirmó.
La portavoz adjunta recordó que en julio de 2023 la resolución de un expediente de dependencia tardaba alrededor de 800 días, mientras que el último dato oficial, correspondiente a agosto de 2026, sitúa el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación en 250 días.
Canarias cuenta ya, además, con 78.408 personas con resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 95.191 prestaciones reconocidas.
La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista destacó especialmente la reducción de la bolsa administrativa. De las 78.726 personas que tienen reconocido el derecho a una prestación, solo 318 permanecen pendientes de PIA, frente a las 2.427 que se encontraban en esta situación al cierre de 2025. «Son avances importantísimos, pero no venimos a decir que el problema esté resuelto», advirtió la diputada nacionalista.
Beato explicó que precisamente la mejora experimentada en el reconocimiento de los derechos ha trasladado el desafío hacia otra fase del procedimiento: conseguir que las prestaciones reconocidas sean realmente efectivas. «Ya no basta con reconocer el derecho. Ahora tenemos que conseguir que ese derecho se convierta cuanto antes en una prestación, un servicio o una plaza real», insistió.
La parlamentaria explicó que esta es una de las razones fundamentales que justifican la convalidación del decreto ley, que permitirá incorporar recursos al sistema con mayor rapidez mediante la simplificación de determinados procedimientos de funcionamiento y acreditación de centros y servicios.
La diputada de Coalición Canaria quiso dejar claro que «simplificar no significa rebajar garantías». Los requisitos que deben cumplir los recursos se mantienen, al igual que las facultades de inspección y control público, mientras que la acreditación continúa correspondiendo a la Administración.
«Lo que no podemos defender es que un recurso que cumple las condiciones necesarias permanezca bloqueado durante meses por procedimientos administrativos que podemos agilizar», afirmó.
Beato puso como ejemplo que aproximadamente el 60% de los centros y servicios incluidos en los convenios de dependencia con los cabildos se encuentran sin acreditar, una situación que, a su juicio, evidencia la necesidad de hacer más ágil el modelo.
Otro de los aspectos destacados por la portavoz adjunta es el refuerzo de la capacidad del Gobierno de Canarias para crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos cuando exista insuficiencia de oferta, demora en la atención o desequilibrios territoriales. Asimismo, precisó que esta nueva capacidad autonómica será complementaria y no sustitutiva de las competencias de los cabildos.
«Ante la insuficiencia de recursos, una demora en el acceso, una situación de urgencia social, una necesidad de continuidad asistencial o un desequilibrio territorial, la Comunidad Autónoma debe tener capacidad para actuar y sumar recursos al sistema», defendió.
En este contexto, recordó también el nuevo convenio de dependencia, dotado con 1.132 millones de euros para los próximos cuatro años, y defendió la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares. «No estamos sustituyendo a nadie. Estamos sumando capacidad al sistema», recalcó.
Socorro Beato rechazó igualmente que las modificaciones introducidas puedan interpretarse como una privatización de la atención a la dependencia. «La gestión pública continúa siendo preferente», aseguró. La colaboración con colegios profesionales explicó, tiene como finalidad incorporar capacidad técnica y agilizar la emisión de determinados informes, mientras que la decisión final, la acreditación, la inspección y el control continúan siendo públicos.
La diputada nacionalista reiteró que “este Gobierno ha conseguido acelerar de manera extraordinaria el reconocimiento de la dependencia. Ahora tenemos que acelerar también la respuesta efectiva para conseguir que una persona que tiene reconocido un derecho pueda acceder cuanto antes a una plaza o a un servicio”.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Nacionalista respaldó la convalidación del decreto ley al considerar que aporta nuevas herramientas para seguir reduciendo las esperas, incorporar más recursos al sistema y transformar con mayor rapidez los derechos reconocidos en atención efectiva.
