Socorro Beato

CC-PNC-AHI considera que el Decreto Ley que regula la alerta y medidas ante la COVID-19 vulnera derechos fundamentales

  • Socorro Beato: “No nos negamos a legislar pero exigimos al Gobierno mayor seguridad jurídica y que no apliquen su rodillo en asuntos que requieren mayor consenso”

La diputada Socorro Beato ha explicado el voto negativo que el Grupo Nacionalista Canario ha emitido hoy a la convalidación y tramitación como Proyecto de Ley al Decreto Ley (DL) que regula el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control gestión de la pandemia del coronavirus.

Este DL “podría ser un fraude que vulnera derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y empresas” y el dictamen del Consejo Consultivo ha sido contundente: “es extemporáneo, no responde a una urgente necesidad e invade competencias estatales”, reseñó.

“Que quede claro que no estamos en contra de establecer medidas para el control de la pandemia pero exigimos al Gobierno mayor igualdad, motivación y proporcionalidad en las disposiciones y que no apliquen su rodillo en asuntos que requieren mayor consenso y seguridad jurídica”, explicó Beato.

Para Socorro Beato, “es incomprensible que no se haya contado con la aportación del principal grupo de la oposición y que ahora quieran marcar el paso de esta cámara como si de una consejería del Gobierno se tratara”.

Desde el Grupo Nacionalista Canario “mostramos nuestra estupefacción por cómo se ha intentado marcar la actuación del Parlamento de Canarias por parte del Gobierno, proponiendo incluso en la exposición de motivos que el Decreto se tramitara como Proyecto de Ley por vía de urgencia y en lectura única”.

Este Decreto Ley “es el culmen de la estrategia errática y disparatada de un gobierno que no escucha los dictámenes del Consejo Consultivo, ni al Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni al Tribunal Supremo; en definitiva, un batiburrillo de medidas y recomendaciones que afecta gravemente a los derechos de los canarios y a la actividad económica”, añadió.

“Todos los actos derivados de este DL son recurribles, y por eso nos preguntamos si detrás de su redacción hay un jurista o un político”, concluyó

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