Cristina Valido

Opinión. Fiasco

Cristina Valido.-

Un fiasco han resultado tanto el Ingreso Canario de Emergencia como el tan vitoreado Ingreso Mínimo Vital del Estado. Ninguna de estas medidas ha servido para evitar el hambre y la desesperación de miles de canarios que en su mayoría no han llegado ni a ser atendidos.

Ambas prestaciones se han topado con la incapacidad de la administración pública y la brecha digital para una gestión eficaz, ambas han carecido de servicios presenciales a las familias y han basado su relación con el administrado en servicios telefónicos y digitales a los que la mayoría de la población vulnerable no ha tenido acceso, o de los que ha sido imposible recibir respuestas o atención. La información a los potenciales solicitantes, para salvar estas dificultades, ha brillado por su ausencia y a fecha de hoy el porcentaje de personas que pudieron recibir esta ayuda debería escandalizar a un gobierno con un poquito de vergüenza y responsabilidad. Mucho más elevado es aún el porcentaje de familias que ni siquiera se enteró.

Pintan bastos para para la primera industria empleadora en Canarias, el turismo, las organizaciones más representativas y relevantes de este sector advierten de que la misma no se recuperará hasta 2024, el camino de vuelta a los datos de turistas recibidos pre-crisis Covid-19, que suponían buena parte de nuestro PIB será lento y tortuoso. En esta situación conocida hace meses, las medidas

vendidas como el «paraguas social» que «no dejaría ha nadie atrás» ya han dejado a demasiadas personas en el camino sin que nadie haya reconocido su ineficacia, ni haya dado la cara ante las familias decepcionadas a las que solo queda contar con el apoyo del tercer sector. Esta pesadilla solo ha empezado, pero ya ha dejado claro lo que puede la ciudadanía esperar de ambos gobiernos.

Si hablamos del ICE (Ingreso Canario de Emergencia) debemos saber que la gestión ha sido tan nefasta que la mayoría de la población no la solicitó siquiera por quedar fuera al no cumplir con los restrictivos criterios en el perfil para la concesión, teniendo en cuenta que muchos cobraron la mitad de sus nóminas en el mes de marzo, mes en el que se inició el confinamiento siendo esta la primera condición para iniciar el trámite de la solicitud con una mínima esperanza.

Cuando las familias empezaron a ver que se quedaban sin sus ingresos mensuales ya el plazo se había cerrado pues solo se habilitó un mes para solicitarlo cuando la debacle social apenas comenzaba. Así, cuando las cosas se ponían mal de verdad ya no era posible pedir esa ayuda «puntual» que a los beneficiarios resolvió poco sin más posibilidades desde entonces. Esta fue y es la única medida de un Gobierno de Canarias que se atrevía y atreve a llamarse pionero en España en el establecimiento de una «ayuda puntual de emergencia» que en todo el estado se ofrece de manera más constante a las familias desde casi todas las administraciones desde que existen los servicios sociales.

Fundamentalmente los ayuntamientos,que en el caso de Canarias, han triplicado ya las ayudas concedidas desde el Gobierno autónomo y han salvado su inoperancia.

Las vías para la atención de los casos eran tan deficitarias que resultó un medio de disuasión para muchas personas que no podían mantener comunicación para la tramitación del servicio, además de que no se permitió la gestión a las entidades sociales para mediar para mediar en la sede electrónica mediante documento de autorización. 

En cuanto al IMV (Ingreso Mínimo Vital), más de lo mismo y peor, el perfil de concesión y de evaluación de caso en estado de vulnerabilidad es completamente ridículo. Queda totalmente restringidos a una gran diversidad de casos teniendo en cuenta que aquellas personas mujeres víctimas de violencias machistas que no presenten actualmente resoluciones judiciales, personas migrantes, familias con ingresos mínimos pero que al poseer algún bien patrimonial, que no genera ningún sustento económico, quedan situadas fuera del perfil, etc.  Lo peor es que se vincula con ingresos del pasado año, no de este , así que centenares de miles de familias tendrán que pasar hambre en 2020 para poder solicitarlo en 2021.

La realidad es que la ciudadanía vulnerable no puede acceder a la prestación en las condiciones que les son propias. 

El 100% de las solicitudes al IMV de las personas usuarias o que se han acogido a los servicios de la presente entidad se encuentran en estado de tramitación.

El descontento y sentimiento de abandono por parte de las personas demandantes es absoluto. El aumento de las personas que se acogen a servicios de reparto de alimento ha sido del casi 300% en un solo trimestre. 

Entre los diversos frentes que encontramos, el derecho a la comida, debiera estar garantizado. Quizás es el momento de reducir anuncios y ampliar la gestión, tomar tierra.

Con todo esto, pretenden que nos creamos que la renta de ciudadanía se aprobará próximamente y responderá a la cada vez mayor exclusión social, ¿quien puede creerse con los antecedentes expuestos que esta medida, exigida por la nueva ley de servicios sociales en un plazo que ya se ha excedido con creces y recogida además en el Estatuto de Canarias, va a gestionarse mejor?

Tremendo fiasco.

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