El Pleno del Parlamento de Canarias da luz verde a la PNL para modificar la ley de Costas para preservar los pueblos costeros tradicionales
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Jana González: “Cualquier modificación que se plantee debe basarse en el Estatuto de Autonomía de Canarias y atender al conjunto de nuestras necesidades”
Canarias, miércoles 28 de abril de 2026. – El Parlamento de Canarias da luz verde a una Proposición No de Ley para modificar la ley de costas y mantener los conjuntos urbanos costeros tradicionales que han pasado a ser de dominio público-terrestre, regida por la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, durante el debate de la iniciativa, a propuesta del Partido Popular, mostró su apoyo a la modificación de esta norma, y, además, advirtió que esta actuación “no debe afrontarse como una renuncia a la defensa íntegra de nuestras competencias en materia de gestión de nuestro litoral”.
La diputada nacionalista consideró que “el actual Gobierno de Canarias demuestra su compromiso en la defensa del autogobierno canario con la creación de una nueva dirección general para la gestión de su litoral”.
En este sentido, valoró que el Ejecutivo autonómico también se encuentra trabajando para incluir, dentro de la agenda canaria que se negocia con el Estado español, la asunción de competencias plenas en dicha materia.
Según explicó Jana González, el Estatuto de Autonomía de Canarias otorga, en su artículo 157, plena autonomía para la gestión del litoral. No obstante, en la posterior negociación del traspaso, el Decreto de transferencia de competencias 713/2022 se limitó “a atribuir funciones de forma errónea, en lugar de ordenarlas como habría sido preceptivo”.
“En esta lucha, Canarias exige al Estado Español que no interfiera en lo que dicta el Estatuto de Autonomía y así mejorar el entendimiento institucional en el marco de las relaciones Canarias – Estado”, manifestó la diputada nacionalista.
Esta cuestión exige, según manifestó la parlamentaria, que los informes preceptivos y vinculantes, los deslindes o el cobro del Canon, entre otros, no sean “una herramienta para encorsetar el autogobierno canario, tutelando y limitando las decisiones desde el territorio”.
Entre las reivindicaciones que se traslada al Gobierno central, se incluye la gestión de los núcleos costeros, que son “el resultado de la historia y pervivencia de nuestro territorio, cargados de valor patrimonial, cultural y sentimental”, insistió la diputada majorera.
Además, Jana González recordó que, desde el inicio de esta legislatura, las 10 comunidades autónomas con litoral han trabajado unidas para reclamar la gestión de sus costas. “Se trata de realidades que han ido cambiando en los últimos 38 años y que deben enmarcarse en una ley moderna, adaptada a la actual realidad y con un marcado carácter autonómico”, agregó.
Asimismo, la diputada insistió en que se trata de una cuestión avalada por la Unión Europea, que emitió el 16 de diciembre de 2024 un dictamen motivado en el marco del procedimiento de infracción abierto al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
En dicho dictamen, la Comisión considera necesario modificar la Ley de Costas, subrayando la urgencia de la reforma legislativa de una norma ya desfasada. Sin embargo, esta exigencia ha sido respondida por el Estado con el inicio de una modificación del Reglamento de Costas, dejando de lado la reforma de la ley que le da cobertura, una decisión que “carece de fundamento”, apuntó la diputada.
Respecto a ello, Jana González cuestionó que el Estado ignore la necesidad de una modificación sustancial de la ley de costas estatal, que incluya “nuestros espacios litorales con sus realidades actuales”. Para la diputada, esta modificación debe estar adaptada a cada autonomía, y recoger la mejor gestión de cada uno de sus problemas y dotar de un marco legal a las reclamaciones ciudadanas en muchos aspectos.
Para finalizar, Jana González insistió en que cualquier planteamiento que se haga al Estado de modificación de la ley de costas, “debe recoger todas nuestras circunstancias, sin dejar en el camino ninguna de nuestras reclamaciones, con una modificación sustancial y adaptada a nuestro territorio y a los tiempos en que vivimos”.
“Cualquier modificación que se plantee debe basarse en el Estatuto de Autonomía de Canarias y atender al conjunto de nuestras necesidades”, señaló. Jana González apeló al respaldo de todas las fuerzas políticas para “construir una Canarias con decisiones más próximas y adaptadas a la ciudadanía, evitando distorsiones derivadas de enfoques parciales o centrados en un único asunto”.
“Las respuestas adecuadas deben darse desde el autogobierno de Canarias. Queremos dejar claro que estamos de acuerdo con cualquier planteamiento de modificación de la Ley de Costas, pero la solución definitiva para estos núcleos costeros pasa por una gestión plena por parte del Gobierno de Canarias”, concluyó.
