Beatriz Calzada logra el compromiso del Gobierno para desarrollar la Ley de la Actividad física y el Deporte en Canarias
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Beatriz Calzada, logró esta mañana que la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se comprometiera al desarrollo de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y del deporte de Canarias.
La necesidad de esta Ley es indiscutible “ya que, tras veinte años de vigencia, de la anterior, de 1997, se había quedado obsoleta para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta Canarias” y achacó al Gobierno que, tras la aprobación en la pasada Legislatura, “no haya priorizado en estos dos años hacer realidad esta norma”.
En la actualidad, “más del 70% de las personas que practican actividad física y deporte, son personas que no actúan bajo el paraguas del deporte reglado amparado por las Federaciones Deportivas” y aunque están amparadas por la Ley, “no hay ningún organismo del Gobierno que les ampare, cuide y desarrolle su organización”, dijo Calzada.
“El Gobierno de Canarias debe elaborar un reglamento específico” para establecer el régimen jurídico de los juegos motores y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias, así como el desarrollo de los aspectos culturales, sociales, económicos y educativos de los mismos”.
Para la nacionalista, “esta Ley debe ser transversal y separar el deporte y la actividad física en dos direcciones generales” que coordinen acciones con el resto de departamentos del Gobierno. Además, criticó que desde que se estableciera el plazo de un año desde la publicación de la Ley “seguimos sin tener conocimiento de la Ley canaria del ejercicio profesional de los servicios deportivos, ni sobre la adaptación de las normas estatutarias a la nueva ley, ni de la Ley de Mecenazgo, ni del Plan Director de instalaciones deportivas”.
Según Calzada, dos años después de la entrada en vigor de esta Ley, “los decretos siguen sin aprobarse” haciendo que “los Clubes deportivos no adscritos a federación deportiva constituidos y registrados ante la entrada en vigor de la Ley”, al incumplirse en plazo de 6 meses, “se vean obligados a cancelar sus inscripciones”. Por ello, la diputada solicitó a la consejera “hacer los cambios pertinentes es su equipo” para centrarse en las necesidades en el desarrollo de esta Ley y se comprometa “no sólo con este Parlamento, sino con la ciudadanía, colectivos, asociaciones, federaciones, entidades y colegios profesionales” que contribuyeron a la redacción de una buena Ley y necesitan urgentemente su desarrollo.
