Díaz Estébanez

Díaz-Estébanez no entiende cómo el Gobierno degrada al cuerpo de inspectores de Salud Pública y no atiende a sus peticiones

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, ha registrado una pregunta al Gobierno de Canarias sobre las razones del  menosprecio mostrado por el Gobierno de Canarias hacia los profesionales de la Inspección de Salud Pública, “actitud incomprensible dada la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos”.

Desde hace algunos meses, este colectivo ha venido denunciando sus precarias condiciones de trabajo, la insuficiencia de los recursos y la falta de atención de la Administración. Sus condiciones laborales y retributivas son injustas “si las comparamos” con otros inspectores de la Comunidad Autónoma, y sus  reivindicaciones laborales han sido postergadas sin justificación durante los últimos años.

Si esta situación es de por sí complicada, el Decreto Ley 11/2021 sobre medidas para control y gestión de la pandemia contempla, entre otras medidas, una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias (Disposición Final primera), en cuanto a la regulación y consideración de autoridad sanitaria, de la que excluye de tal consideración a los inspectores de Salud Pública, pasando a ser considerados agentes de la autoridad, y reservándoles esa consideración casi exclusivamente, los cargos de designación política.

“Esta degradación trae como consecuencia la falta de agilidad y efectividad para ejecutar determinadas decisiones, ya que algunas medidas pueden requerir cierta urgencia y sí pueden ser ejecutadas de esta manera por parte de personas que cuentan con el conocimiento directo de la situación, además de la formación y la experiencia; y no por aquellas que acaban ser nombradas como autoridades sanitarias, desde el desempeño de un cargo político», explicó Díaz Estébanez.

Esta nueva desconsideración por parte de la Administración, en lugar de aprovechar sus especiales condiciones para el control y gestión de la pandemia, parece más un castigo al cuerpo por haber hecho pública sus reivindicaciones que fruto de una estrategia responsable y coherente de los recursos humanos con los  que cuenta la Consejería de Sanidad.

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