El cuatripartito insiste en su negativa de adoptar rebajas fiscales que amortigüen los efectos de la inflación en Canarias
- Rosa Dávila denuncia el abandono al sector primario, agravado por las presuntas actuaciones irregulares en Agricultura
- El Gobierno ha dejado atrás a quienes esperan por una operación, por una vivienda o por una plaza en una residencia de mayores
Los grupos que apoyan al Gobierno, en la votación de las propuestas de resolución tras el Debate del Estado de la Nacionalidad, lo han hecho en contra de la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista Canario por la que se instaba a adoptar un conjunto de rebajas fiscales que amortigüen los efectos del alza de los combustibles, la energía y de la cesta de la compra que afectan al conjunto de la ciudadanía y de los sectores en Canarias, reduciendo, entre otras medidas, el IGIC general del 7 al 5%.
Es incomprensible, como manifestó Rosa Dávila, “con la que está cayendo, que no se destine la mayor recaudación para bajar los impuestos y que no se trabaje para hacer efectivos los principios de solidaridad y el reconocimiento de la doble insularidad, para subvencionar con 20 céntimos por litro de combustible a las islas Verdes de manera directa a través de los operadores del servicio”.
Medidas que “se proponían desde el Grupo Nacionalista Canario para aliviar las económicas familiares y de aquellas islas en las que la crisis está golpeando de manera más dura”, explicó Dávila.
Este ha sido un gobierno, “que acaba estos cuatro años asegurando diálogo y consenso pero en vez de una mano tendida nos hemos encontrado con el puño cerrado y dejando atrás a miles de canarios”.
Se refería la diputada a las 20.000 personas a las que prometieron dar una vivienda, a las 10.000 personas que siguen esperando por una plaza de residencia de mayores, “porque se empeñaron en hacer fracasar el plan sociosanitario” y a las miles de personas que siguen esperando por una operación.
Por eso sorprende que el Gobierno vuelva a decir no a incrementar la transparencia de las listas de espera y homogenizar su gestión entre los diferentes hospitales; así como la puesta en marcha inmediata de las infraestructuras construidas en los hospitales Norte y Sur de Tenerife, aumentando el nivel de complejidad de las intervenciones, como explicó Rosa Dávila en su intervención.
Tampoco han querido apoyar la modificación de la Relación de puestos de trabajo de la Consejería de Derechos Sociales a fin de ampliar los recursos humanos y adecuarlos a las obligaciones que ha adquirido la administración tras la aprobación de la Renta Ciudadana ante la próxima aprobación de la nueva Ley de Accesibilidad, o ante la demanda de personal en los centros de valoración de discapacidad en los que se ha producido un incremento de más 3.000 personas en lista de espera.
Por sectores, el apoyo al sector primario, “sigue siendo tibio y más tras los hechos que hemos conocido en las últimas semana de irregularidades en el seno de la dirección general de Ganadería”. Los grupos de gobierno no han apoyado la propuesta de elaborar un plan de rescate para el sector ganadero y agrario de Canarias, que incluía la modificación del REA; ni tampoco recuperar programas como Crecer juntos, “que tanto éxitos tuvo la legislatura pasada”.
Por otra parte, también han abandonado la idea de diseñar un verdadero plan para el Turismo “que permita fijar, tal y como propusimos en nuestras Propuestas de resolución, unos objetivos comunes y por islas para tener claro los propósitos a medio y largo plazo”, explicó Dávila en su exposición.
Pero si “algo nos ha dolido es la poca empatía del Gobierno en sus propuestas de resolución sobre La Palma, llenas de generalidades, y que no han sido capaces de apoyar la elaboración de La Ley del Volcán y aprobar los decretos leyes urbanísticos y agrarios, ni garantizar con partidas plurianuales la inversión que requiere la Isla para la reparación de los daños y su recuperación, así como no han querido votar a favor de asumir los pagos de las propiedades afectadas por el volcán, de acuerdo a las valoraciones realizadas por el propio gobierno”, lamentó..
En el área de Obras Públicas y Transporte, “una vez más renuncian a la mejora de la Gran Canaria-1 y habilitar un carril preferente para los vehículos de transporte colectivo, así como votaron en contra de impulsar las actuaciones para la adaptación de la normativa reguladora de los tiempos de conducción y descanso mediante tacógrafo a las particularidades del Archipiélago”.
