El Gobierno no entrega a Díaz Estébanez el expediente de las relaciones comerciales o contratos con RR7
El Gobierno de Canarias no ha dado respuesta a la petición de información del diputado y portavoz en Sanidad del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díaz-Estébanez, desde el pasado 25 de mayo, sobre las relaciones comerciales mantenidas con la empresa RR7 United SL, en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, «incluida la constancia escrita o por vía telemática de ofrecimiento de la empresa, o de contestación y condiciones de la Administración, respecto a posible modificación de las condiciones iniciales de la compra de mascarillas».
Esta solicitud de documentación, “a la que tiene derecho cualquier diputado, y obligación de contestar en tiempo y forma por parte del Gobierno”, ha sido nuevamente objeto de ocultación, porque confirma que no existe contratación de dicha empresa con las Consejerías de Presidencia, Derechos Sociales, Educación, Economía, Turismo y Obras Públicas, “pero nada dice ni se menciona referencia a la Consejería de Sanidad o Hacienda, que son las verdaderamente relevantes en este caso, y ellos lo saben”, advirtió el diputado.
A juicio de Díaz-Estébanez, esto «se puede considerar una agresión al derecho de información de los diputados y un desprecio a la verdad y a la transparencia, que solo puede atribuirse al nerviosismo de un Gobierno que hace todos los esfuerzos en eludir su responsabilidad jurídica y política, y no ayuda en nada a aclarar lo sucedido».
En este sentido, señala que, «por supuesto, seguiremos insistiendo en encontrar respuesta a esta y otras muchas cuestiones oscuras en este asunto, pero deben saber que, en todo caso y a pesar de sus denodados esfuerzos por esconderse, tendrán que dar esas explicaciones ante la Justicia, como así ha quedado claro a partir de la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción».
Entre las cuestiones planteadas por el diputado, sobre las que no ha obtenido respuesta y aclararían el desarrollo de todo el procedimiento, se encuentran, entre otras, el plazo de entrega del material, que tratándose de un contrato por emergencia tendría que ser necesariamente corta, aunque no es hasta más de seis meses después cuando se hacen los primeros requerimientos a la empresa por su incumplimiento. En ese contrato inicial debería figurar, además, no sólo la cuantía del pago previsto, sino sus condiciones, y muy específicamente si se establecía como requisito el pago de la totalidad del dinero por adelantado y previo a recibir el material, algo enormemente inusual, o si por el contrario fue una decisión arbitraria y a posteriori del contrato.
Más allá de ello, también es necesario aclarar si, una vez resultada fallida la primera operación, y comprobado que en mayo de 2021 llegó un cargamento de mascarillas, disminuidas en un 10% sobre lo inicialmente acordado y, además, falsas, por lo que fueron destruidas por agentes de aduanas.
Ante este hecho, que constituye un delito, la Administración no solo no denuncio ante la Justica tal circunstancia, sino que contactó con la empresa para «renegociar» las condiciones del contrato, a todas luces ya resuelto (no «suspendido» como también ha intentado justificar el SCS), algo que también sería claramente irregular.
