El Parlamento de Canarias ha aprobado, esta mañana, por unanimidad, la Proposición No de Ley, defendida por Socorro Beato del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), en la que se insta al Gobierno de España a incrementar las pensiones no contributivas propiciando una confluencia progresiva con el salario mínimo interprofesional
Tal y como explicó Beato en la exposición de motivos, las pensiones no contributivas de jubilación nacieron para asegurar a todos los ciudadanos en situación de jubilación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. A su vez la pensión no contributiva de invalidez tiene idénticas prestaciones.
En Canarias, según los datos de la Subdelegación General de Gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el IMSERSO, al mes de agosto de 2016, los beneficiarios en de pensiones no contributivas de invalidez ascendían a 20.000, con una pensión media de 393,33€. Por lo que respecta a las pensiones no contributivas de jubilación, según la misma fuente, en Canarias existían 23.920 pensionistas, con un importe medio de pensión de 358,59€.
Estamos hablando, lamentó la diputada, “de 44.000 familias canarias que subsisten con menos de 400 euros al mes, después dedicar toda una vida al trabajo sin poder cotizar: porque emigraron, trabajaron de forma precaria y sin seguro en la agricultura, en la mar, en el servicio doméstico o en las primeras etapas de la construcción o el turismo…”.
Estas cifras nos sitúan entre las Comunidades Autónomas con mayor número de pensiones no contributivas y que reciben mayoritariamente mujeres, “muchas de las cuales se han tenido que hacer cargo de sus hijos y nietos en los peores años de la crisis económica”.
Para corregir esta situación de precariedad, “es insuficiente el exiguo 0,25% de revalorización anual que se viene aplicando por el Gobierno de España”, denunció Beato que instó al nuevo Gobierno de España, cuando se constituya, a recuperar el Pacto de Toledo “y hacer prevalecer un gran acuerdo social y político para garantizar la estabilidad, la sostenibilidad, el mantenimiento y la consolidación de nuestro sistema de pensiones”.
