El Gobierno de Canarias tendrá que informar sobre qué acciones adoptará ante la delimitación marroquí de su espacio marítimo
El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha registrado esta mañana la solicitud de un pleno extraordinario al objeto de que el Gobierno informe a la cámara de la posición y acciones que va adoptar el Ejecutivo canario, con el Gobierno de España, respecto a la delimitación por parte de Marruecos de su espacio marítimo y las repercusiones que esta acción podría tener sobre el Archipiélago.
En esta línea también se ha manifestado el senador de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, que ha formulado una pregunta ante la Cámara Alta.
El Parlamento de Marruecos aprobó, el 16 de diciembre, dos leyes para delimitar por primera vez su espacio marítimo con España y Mauritania, y de paso incorporar de forma jurídica el mar adyacente al Sáhara Occidental a sus aguas territoriales.
El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha explicado que con estas leyes se delimitan las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo, que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera; y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia. El ministro ha reconocido que esta delimitación «puede crear problemas de solapamiento» con el país vecino España, pero ha insistido en que esas cuestiones podrán tratarse a través del diálogo.
Estos hechos han sido calificados por el diputado Juan Manuel García Ramos, cuanto menos de “preocupantes, dada la posición cautiva de España ante Marruecos, que no ha vacilado en anticiparse en la delimitación de sus aguas territoriales”, por lo que el Estado debe elevar una protesta ante el reino alauí y tratar el asunto en una comisión bilateral Canarias-Estado.
Si el Estado no formaliza esa protesta, “no solo perjudicaría los derechos e intereses canarios al solaparse esa nueva delimitación con los espacios marítimos del Archipiélago, sino que estaría consintiendo por aquiescencia la unilateralidad marroquí”, resaltó el diputado.
