Lola García defiende la mejora de la dotación de Juzgados del Menor y la Familia y Puntos de Encuentro Familiar
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Lola García, defendió ayer en el Parlamento de Canarias la necesidad de reforzar los recursos y la información para ampliar el acogimiento familiar a menores en situación de desamparo, además de subrayar la necesidad de “mejoras en la dotación de juzgados del Menor y la Familia, y la potenciación de los puntos de encuentro familiar en todas las islas y especialmente en islas no capitalinas”.
La diputada majorera destacó que para poder llevar adelante esta labor “hay que sumar sinergias en materia de gestión judicial relacionada con los menores y las familias”. Durante su intervención, reconoció que en Canarias se ha avanzado sensiblemente en materia de acogimiento familiar para los niños declarados en situación de desamparo de entre 0 y 6 años de edad, “pero hay que ir más allá con el resto de edades”, apuntó.
En Canarias hay 1.358 menores en desamparo, de los que 669 se encuentran acogidos en centros, mientras que 689 están en acogimiento familiar, 134 de ellos en familia ajena, según la información facilitada en la Comisión informativa del 15 de abril; de hecho, en la actualidad, 96 familias forman parte del sistema de acogimiento.
La figura del acogimiento se plantea como una medida temporal en la que el menor está acogido en una familia o en un centro hasta que la situación que ha generado el desamparo se resuelva o bien pase a adopción. El marco jurídico establece que, como máximo, el menor puede estar dos años en acogida.
Por este motivo, recordó Lola García, “desde el comienzo de esta Legislatura el Grupo Nacionalista Canario entendió que el sistema de protección al menor en Canarias requería de un esfuerzo de gestión y potenciación, y de ahí que se respaldara la propuesta de retomar el funcionamiento de una Dirección General específica para la Protección del Menor y la Familia”.
Esta evolución organizativa era imprescindible para encarar la coordinación de la aplicación del nuevo marco normativo que, en materia de protección al menor, se viene desarrollando tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el último año, a partir de la Ley de Protección de la Infancia, y de la Ley Orgánica complementaria de Protección de la Infancia, aprobada en julio de 2015 en el Congreso.
El objetivo debe ser incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó la ONU en 2013. Innovando para ello en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
