Cristina Valido

Opinión. Apoyo a la infancia en crisis 

Cristina Valido.-

Este año la distribución de recursos económicos del Gobierno canario a los ayuntamientos para sostener los recursos y equipos de profesionales especializados en infancia y familia ha sufrido un cambio en los criterios de reparto que ha supuesto la disminución de fondos para muchos ayuntamientos en su peor momento.

Que la financiación de estas herramientas, fundamentales para garantizar el bienestar de la infancia, esté sufriendo recortes en vez de ser reforzadas e implementadas adecuadamente en relación el incremento de familias en riesgo de exclusión, es de mucha gravedad y significa dejar en situación de desamparo institucional a muchos menores canarios.

Las ayudas económicas, cuando llegan, no resuelven los problemas de una familia ni de la infancia que convive con ellos. De hecho, la falta de habilidades y competencias para la educación y el cuidado en muchas familias está ampliamente contrastada. Si a esto se suman problemas de salud mental, salubridad o consumo de tóxicos nos encontramos conque la que debería ser la más feliz etapa de nuestras vidas se convierte en todo un infierno.

Los problemas señalados crecen con la crisis que estamos viviendo y la convivencia de los más pequeños con problemas de adultos y conductas inadecuados se vuelve de enorme riesgo. Por supuesto estas situaciones no se resuelven con una ayuda económica mensual; los profesionales especializados en la intervención familiar y recursos como los centros de día para menores son claves para su protección y defensa, para el trabajo y rehabilitación de sus familias en este momento. No se entiende un cambio de criterio consensuado con los Ayuntamientos cuando lo que toca es aplicar la Ley de Servicios Sociales, aprobada por unanimidad, y que establece los derechos de financiación de las administraciones locales y las competencias que se les adjudican.

La propia FECAM ya ha mostrado su disgusto y ha pedido volver a la distribución anterior pactada desde 2015 y que este año debería solo ser sustituida por la financiación que estableciera el «Catálogo de servicios» que contempla la nueva ley, y cuyo plazo de elaboración ya se ha superado. Incluso asumiendo que no hubiera crecimiento, no se entiende que cuando más familias padecen los duros problemas que afectan a nuestros niños y niñas, los equipos especializados de muchos municipios queden sin cobertura económica, y ellos, nuestros menores, testigos silenciosos y víctimas en tantas ocasiones de hechos que acaban en tragedias, tengan que esperar a correr con la suerte de que alguien se interese y les ayude.

 

La financiación de estos equipos debe ser prioridad para un Gobierno que dice asumir los compromisos del Pacto canario por la Infancia suscrito por todos los grupos parlamentarios con UNICEF. Para un Gobierno que heredó del equipo anterior la «Estrategia canaria de la infancia», un magnífico trabajo encargado a las universidades canarias, felicitado por todos los partidos en la Cámara autonómica. Una Estrategia Canaria que espera por su ficha financiera, dotación que cayó en el olvido en el primer presupuesto que diseñó el actual ejecutivo.

El apoyo a la infancia en crisis, de momento, no es más que un titular; una declaración de intenciones que refutan los hechos.

 

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