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Opinión. Canarias ante los Presupuestos Generales y la ‘agenda canaria’

Opinión. Canarias ante los Presupuestos Generales y la ‘agenda canaria’

Opinión-Socorro Beato

Socorro Beato.-

Esta semana el Pleno del Parlamento, por unanimidad, emitía informe favorable al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, respecto a las disposiciones que modifican el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), a las partidas de ejecución del REF y al cumplimiento de la media de inversiones públicas del Estado en Canarias.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado modifica diversos aspectos del REF, entre ellos, el incremento hasta al 75% de las tarifas en la bonificación a los billetes de transporte marítimo y aéreo de pasajeros en los viajes con la Península; la extensión del ámbito temporal, con carácter retroactivo, para que las subvenciones al transporte de mercancías sean de aplicación a los transportes realizados desde el 1 de enero de 2016; y la adhesión del plátano al sistema de compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías. En estos casos, tanto la Constitución Española como nuestro Estatuto de Autonomía, ordenan la consulta previa al Parlamento de Canarias.

El proyecto, aprobado ya en el Congreso de los Diputados, se encuentra ahora en trámite enmiendas en el Senado. Gracias a la labor de los partidos nacionalistas canarios, de aprobarse definitivamente, Canarias podrá recibir más de 2.100 millones de euros. Además, incluyen los 200 millones destinados al Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género y el incremento de las pensiones por encima incluso del IPC, ambas cuestiones defendidas por Ana Oramas.

Canarias espera que, cuanto antes, se aprueben estos presupuestos para que, también cuanto antes, puedan llegar todas esas partidas, comenzar con su ejecución y además que se suscriban los convenios que han de sustentarlas, como el nuevo convenio de carreteras. El pasado año, los Presupuestos del Estado se aprobaron a finales del mes de junio. Entonces, con un gobierno perfectamente engrasado, algunas partidas no fueron transferidas a Canarias hasta noviembre e incluso diciembre. Este año, con un gobierno nuevo, sin rodaje y aún en formación en sus niveles inferiores, es previsible que los trámites se ralenticen.

Al nuevo Gobierno de España, precipitado por el triunfo de la moción de censura con la unión de diversos partidos, le toca ahora gestionar con acierto y tener capacidad para llegar a consensos en un Congreso de los Diputados muy fragmentado y en el que, a priori, sólo tiene asegurados sus 84 diputados. A partir de ahora, todos los diputados en el Congreso serán importantes.

El Gobierno de Sánchez, integrado por profesionales de los que sólo algunos cuentan con experiencia en gestión pública, ha generado muchas expectativas en la ciudadanía, empañadas sólo seis días después con el tropiezo al conocerse la sanción de Hacienda al ya dimitido ministro de Cultura y Deportes, rápidamente sustituido.

Como digo, tiene por delante muchos retos. Estaremos vigilantes sobre los pasos que dé para hacer frente a la cuestión catalana, sin someterse a la presión de los partidos rupturistas. En el marco del Pacto de Toledo, esperamos que se alcance un consenso para la reforma del sistema de pensiones. Veremos que en qué medida dará respuesta a las expectativas generadas para la modificación de la reforma laboral. Confiamos que se aborde cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica que saque a Canarias de la cola en la financiación de los servicios públicos por el Estado.

Y como nacionalistas, seguiremos insistiendo en se cumpla con la agenda canaria, pactada por Coalición Canaria, tanto con el PSOE como con el PP; que se aprueben los Presupuestos en los términos pactados y que se aprueben también dos instrumentos esenciales: el nuevo REF y la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Para ello, el Presidente Clavijo ya ha tendido la mano del Gobierno de Canarias desde la lealtad institucional y Coalición Canaria seguirá contribuyendo con responsabilidad a dar estabilidad a las instituciones.

 

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