Carreteras Opinión

Opinión. El Estado debe rectificar sus incumplimientos en carreteras

Socorro Beato.-

En mi primer artículo de opinión del recién estrenado 2018 quiero trasladarles mis mejores deseos para el nuevo año que comienza. Lo hago con la esperanza de que sea un buen año para la recuperación económica y la confirmación de esta tendencia positiva que permite abordar, con moderado optimismo, el próximo periodo.

También con optimismo hemos recibido en estos días la noticia sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento en relación con los compromisos adquiridos en virtud de la adenda del 2009 al Convenio de Carreteras celebrado en 2006.

Esta decisión permitirá a la Comunidad Autónoma recuperar esos créditos comprometidos con el Estado para la construcción y mejora de nuestras carreteras que nunca se destinaron a ese fin.

La sentencia del Supremo no deja lugar a dudas sobre el carácter vinculante de los convenios como fuente de obligaciones para las partes que los suscriben, en virtud de la Ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en cuanto a negocios jurídicos bilaterales entre Administraciones en plano de igualdad. Subraya que de ningún modo cabe alegar insuficiencia presupuestaria. En todo caso, lo que debió hacer el Estado fue ajustar las anualidades y diferir en el tiempo las transferencias, en lugar de optar por reducirlas drásticamente.

Algo por otra parte de sentido común. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si cualquier ciudadano incumple un compromiso alegando que no tiene crédito?

El Tribunal Supremo ha sido categórico: “resulta palmario que la Administración General del Estado ha de financiar las obras de interés general radicadas en Canarias”. Esta afirmación nos parece de enorme relevancia puesto que, si bien la sentencia hace referencia al ejercicio 2012, cuando debieron llegar 207 millones de euros y sin embargo se abonaron unos 68 millones de euros, abre el camino al reconocimiento de la deuda de los años posteriores. Además, sienta un precedente para reclamar otros tantos convenios incumplidos por el Estado.

Canarias no tiene carreteras que se prolonguen más allá del territorio de nuestra Comunidad Autónoma por lo que en teoría, carece de infraestructuras viarias de interés general para el Estado. Decimos en teoría porque la Ley del 1991 que modifica los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) considera de interés general las obras de infraestructuras que permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí.

Asimismo, la Ley de 1994, de modificación del REF, confirma la necesidad de compensar la lejanía y el hecho insular y dispone que los Presupuestos Generales del Estado recogerán, cada año, las partidas para dotar las transferencias correspondientes a las inversiones del Estado en infraestructuras en Canarias.

En virtud de ambas leyes, en 1994 se suscribe el primer convenio de Carreteras. El último se firma para el período 2006- 2017, con una adenda en 2009, que el Gobierno del Partido Popular ha incumplido sistemáticamente.

La insistencia de Coalición Canaria demandando lo que a nuestro Archipiélago le corresponde ha tenido sus frutos. Ya no es sólo una mera cuestión política que pueda resolverse esgrimiendo la posición de nuestra diputada en el Congreso. Ahora hay un reconocimiento judicial expreso por parte del más alto Tribunal.

Esta sentencia constituye un espaldarazo al Gobierno de Canarias para requerir la deuda y exigir la firma de un nuevo convenio para los próximos años. El Presidente Clavijo ya ha manifestado su voluntad de diálogo para consensuar, al más alto nivel, ambas cuestiones.

Confiamos que cuanto antes pueda llegarse a un acuerdo para la ejecución de la misma y el Estado reconozca la totalidad de la deuda contraída con Canarias y el resarcimiento, no sólo de lo que esta Comunidad Autónoma ha dejado de percibir desde 2012, sino todos los perjuicios ocasionados por la paralización, la ralentización de las obras y los intereses generados.

De haber recibido lo que en derecho nos correspondía hoy estarían resueltos muchos problemas de colapso en nuestras carreteras y habría permitido la generación de empleo en la construcción de las infraestructuras.

El Gobierno de España está a tiempo de rectificar.

 

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