Opinión. Estatuto
José Miguel Ruano.-
En marzo de 2015, el Parlamento de Canarias envió a Madrid la nueva Propuesta del Estatuto de Autonomía de Canarias y el 25 de julio de 2018, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el Dictamen sobre la misma.
En tiempos de confrontación entre procesos secesionistas y tentativas de recentralización, la aprobación de nuestra principal norma de autogobierno adquiere especial relevancia. Constata nuestro compromiso con el marco constitucional de unidad del Estado, nos sitúa entre las Comunidades Autónomas con mayor nivel de autogobierno y -lo que es más importante- frente a la norma otorgada en 1982, nos da identidad como Archipiélago atlántico, alejado del territorio peninsular y en la costa occidental africana.
La Política hoy se desarrolla de forma rápida, propia de la nueva era tecnológica-digital en la que estamos, y resulta difícil suscitar la atención en algo que no se soporte en 280 caracteres o en un mensaje de whatsapp.
Pero todo tiene forma y fondo. El fondo de este nuevo Estatuto, que se aprobará definitivamente a lo largo de este año y que está desarrollado en más de doscientos artículos y en los anexos literal y cartográfico que delimitan nuestro territorio archipielágico, empieza por la afirmación de nuestra identidad en sus ocho islas habitadas y en el mar que nos une en una tierra única: un solo pueblo que va desde la isla a la nación, o nacionalidad, que somos en España.
Esta consideración permitirá que el Estado, como ya lo hace la UE con nuestro estatus de Región Ultraperiférica, adaptará sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias a esa realidad singular. Especialmente en transportes y telecomunicaciones, medio ambiente, energía, mercado interior, puertos, aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior, abastecimiento de productos esenciales y cooperación con países vecinos. La separación de los recursos del REF de la financiación autonómica y un nuevo marco para resolver las discrepancias entre el Estado y Canarias cuando se quiera modificar nuestro régimen especial son, también, notorios avances.
El Estatuto, como lo hacen los otros que conforman el bloque avanzado denominado “de tercera generación”, actualiza los derechos y libertades públicas a la ciudadanía del siglo XXI, como la igualdad, los derechos a la Educación y a la Vivienda y los derechos de los menores y de los mayores.
También se fortalece la transparencia, dando rango estatuario al Comisionado de la Transparencia, y se reconoce nuestra modalidad lingüística como principio rector de los poderes públicos.
El Estatuto desarrolla, asimismo, un preciso sistema de competencias en el que asumimos –no con la intensidad que hubiéramos deseado desde Coalición Canaria-PNC- responsabilidades en costas, en aeropuertos, tráfico aéreo interinsular, control fitosanitario, sanidad exterior o telecomunicaciones.
En este proceso de avance en el autogobierno, ha sido intenso el trabajo de adecuación constitucional que hicimos –tras la toma en consideración en el Congreso, el 13 de diciembre de 2016- con el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, especialmente con los que fueron Secretarios de Estado, Roberto Bermúdez de Castro; y Secretario General, Juan Ignacio Romero; con todos los ponentes: además de Ana Oramas, por CC-PNC; el catedrático de Derecho Constitucional, Gregorio Cámara, y Chano Franquis, por el PSOE; Pablo Matos y Mari Carmen H. Bento, por el PP; y Pedro Quevedo, por NC. Valoramos también la incorporación al acuerdo de Podemos y de Ciudadanos, que habían votado “NO” a la propuesta enviada por el Parlamento de Canarias en el debate de toma en consideración en el Congreso.
Después de todo este trabajo y del consenso logrado, algunas diferencias con el Estatuto aprobado son solo signo de la pluralidad democrática y de nuestro convencimiento de que éste es el Estatuto de todos.
Celebremos hoy, por tanto, el impulso económico, social y político que Canarias tendrá gracias al nuevo Estatuto.
