Socorro Beato

Opinión. Hacia la bilateralidad con el Estado

Socorro Beato.-

El pasado martes, se abría un nuevo periodo en las relaciones políticas e institucionales en España con la celebración de la VI Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que no se reunía desde el año 2012.

Asistimos a una etapa en la que se ha impuesto el diálogo político y al que se suma, ahora, la activación del diálogo territorial con la voluntad de convocatoria anual de la Conferencia. Este foro sólo resultará positivo si logran articular mecanismos efectivos para el seguimiento y la evaluación de sus conclusiones que garanticen que los acuerdos alcanzados contribuyan a solucionar los problemas reales de los ciudadanos.

El Presidente del Gobierno de Canarias acudía a la cumbre con el respaldo de todos los grupos presentes en el Parlamento de Canarias, a excepción del grupo Podemos, y sumando además el apoyo de los sindicatos y del sector empresarial. Este esfuerzo de consenso permitió que Canarias estuviera representada con una sola voz para solicitar un nuevo modelo de financiación, que al menos nos iguale a la media de las Comunidades Autónomas. Recordemos que el Archipiélago recibe cada año en torno a unos 700 millones de euros menos para la financiación de servicios públicos esenciales como la Sanidad o la Educación.

El encuentro estuvo marcado por una intensa agenda que se cerró con un decálogo de asuntos: políticas de empleo; cooperación en materia de protección civil; Estrategia frente al reto demográfico; Pacto social y político por la educación; unidad de mercado, administración digital y empleo público; impulso de la tarjeta social; protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica; participación autonómica en los asuntos de la Unión Europea; Pacto contra la violencia de género y finalmente, el acuerdo estrella de la Conferencia, el que ha suscitado mayor expectación: la reforma del sistema de financiación autonómica, un sistema pactado en el año 2009 y que debió revisarse en el año 2014.

Este acuerdo se concretó en la creación, con carácter inmediato, de una Comisión de expertos que tendrá la encomienda de realizar los análisis necesarios para la formulación de un nuevo modelo de financiación que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Tengo el convencimiento de que se trata de una tarea larga y de enorme complejidad porque prácticamente todas las Comunidades Autónomas se consideran infradotadas y los recursos continúan siendo limitados. El propio Presidente Rajoy reconocía que “la recaudación en el conjunto de las administraciones públicas fue el año pasado inferior a la del 2007, mientras que las pensiones han subido en 40.000 millones de euros” y por otra parte Bruselas continúa reclamando que España acometa nuevos ajustes.

Es de destacar que se desmarcaran de la Conferencia, escenificando la exigencia de una relación de bilateralidad con el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas de Cataluña, con el desafío independentista de fondo, y la del País Vasco -uno de los territorios históricos, junto con Navarra, que participan del régimen foral distinto al resto al de las comunidades del régimen común-.

El déficit de financiación del Archipiélago es una constatación de que el Estado no está garantizando el principio de solidaridad ni el equilibrio económico adecuado y justo, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, previsto en el artículo 138 de la Constitución Española. Por eso Canarias, sin perjuicio de seguir contribuyendo en el foro multilateral, tampoco puede renunciar a encontrar espacios para la bilateralidad con el Estado.

Con un Fuero Propio, consagrado en nuestro Régimen Económico y Fiscal específico (REF), nos sobran razones para reivindicar nuestras singularidades y en todo caso para continuar demandando al Estado Español que asegure el acceso de todos los ciudadanos de Canarias a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad y garantice que la aplicación de nuestro Régimen Económico y Fiscal no merme la financiación ordinaria que debe recibir Canarias.

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