Socorro Beato

Opinión. Por una Constitución que dé su lugar a todas las realidades de España

Socorro Beato.-

La Constitución Española ha sido un instrumento esencial en recuperación de la democracia en España. El texto constitucional es fruto del esfuerzo de consenso, de muchas renuncias y cesiones de partidos que se encontraban en las antípodas ideológicas y que, a través del diálogo, encontraron un marco constitucional que ha posibilitado la reconciliación y la convivencia de los españoles.

En estos días se celebrarán los 39 años de su ratificación por el pueblo español, en el referéndum de 6 de diciembre de 1978, y es evidente que la realidad social, económica y política de España es bien distinta a la que se vivía durante la transición.

A lo largo de estos años ha habido dos reformas constitucionales que obedecieron a exigencias impuestas desde Europa. La primera en 1992, que reformó el artículo 13.2, para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, como consecuencia de la firma del Tratado de la UE. La segunda, en el año 2011, con la reforma exprés del artículo 135, que introdujo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

Recientemente se ha creado una Comisión para la reforma constitucional. No debemos tener miedo a su reforma. Países con tradición democrática consolidada afrontan con naturalidad los cambios constitucionales.

En Coalición Canaria venimos diciendo, desde hace varios años, que es hora de afrontar una reforma más amplia de la Constitución que defina un nuevo modelo territorial que dé respuesta a la realidad histórica, social, lingüística, cultural y económica de las distintas nacionalidades y regiones de España.

Para ello habrá de redefinir el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar conflictos territoriales pero sobre todo para mejorar la gestión de las mismas, en beneficio de los ciudadanos, pero, huyendo de tendencias centralizadoras. La inoperancia de unos y la irresponsabilidad de otros ante la cuestión catalana, no puede servir de excusa para vaciar de competencias a las comunidades autónomas.

En este sentido, nos preocupan algunas opiniones que apuntan a un intento de regresión en las competencias de las comunidades autónomas, no solo porque se estaría vulnerando el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea,  sino porque supondría un paso atrás en el derecho a la autonomía y un retroceso en el estado del bienestar.

En cualquier caso la revisión competencial debe venir acompañada de la financiación adecuada para su ejercicio y esto afecta al sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Sin duda, hay que plantear una reformulación del artículo 158.1 para que los Presupuestos Generales del Estado garanticen de verdad la suficiencia financiera y la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales para todos los españoles, cualquiera que sea la comunidad autónoma de residencia.

Pero sobre todo tiene que incluir la garantía de que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias no conlleve la reducción del gasto del Estado en las islas, ni suponga una merma en la financiación de los servicios públicos esenciales.

El nuevo sistema de financiación autonómica deberá respetar de forma inequívoca que los recursos del REF no computen a efectos de financiación sino que sean considerados como lo que realmente son, un instrumento destinado a compensar de forma directa la lejanía y la insularidad.

En la actualidad, Régimen Económico y Fiscal de Canarias, diferenciado desde los Reyes Católicos, no se encuentra plenamente garantizado constitucionalmente. La Disposición Adicional Tercera solo supone una garantía procedimental, a través del informe del Parlamento de Canarias.

Es preciso reformular el REF en la Constitución para blindar nuestro fuero propio y que su cumplimiento efectivo por el Estado no esté sujeto a los vaivenes de la posición de los nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados. La experiencia nos ha enseñado que sólo cuando Coalición Canaria ha sido necesaria para la gobernabilidad de España hemos visto avanzar los asuntos fundamentales para Canarias.

Finalmente el reconocimiento como región ultraperiférica debe tener acomodo constitucional, tal como recoge el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, posteriormente reforzado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 2015, conocida como la Sentencia Mayotte.

Somos el único territorio con características estructurales, sociales y económicas recogidas en el derecho primario de la Unión Europea y eso debe plasmarse también en nuestra Carta magna.

Coalición Canaria contribuirá, desde la responsabilidad, a la reforma constitucional  donde tengan encaje los hechos diferenciales de las distintas nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas y de la que Canarias ha de salir reforzada para avanzar en competencias, mejorar la financiación, garantizar nuestro fuero propio y el reconocimiento como región ultraperiférica.

 

 

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