Socorro Beato defiende el papel de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Socorro Beato, ha defendido, en el Pleno del Parlamento, las acciones que lleva al Gobierno para la lucha contra el fraude fiscal, cuya principal herramienta es la Agencia Tributaria Canaria.
La Agencia Tributaria Canaria se creó en 2014, y ha ido dando pasos, afianzando su fórmula jurídica y organizativa “para integrar la estructura, recursos y procesos de modo que quede garantizado el cumplimiento de su objeto y pueda servir como modelo para futuras decisiones organizativas en el seno de la Administración”.
La diputada destacó que la Agencia haya establecido un paquete de actuaciones “dirigidas al fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, con medidas dirigidas a promover que los ciudadanos y las empresas las asuman por iniciativa propia a través de programas orientados al fortalecimiento de la conciencia fiscal”.
Asimismo, Beato asumió que el cumplimento también se favorece imprimiendo mayor agilidad y potenciando la simplificación de los trámites e intensificando la colaboración interadministrativa y las alianzas con la Agencia Tributaria Estatal, la Seguridad Social, cabildos, ayuntamientos y la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para el control de los tributos, especialmente los vinculados a la importación y a las actividades turísticas.
En esta línea “se creó, en junio de 2015, el Grupo Operativo Fiscal, adscrito a la Unidad Operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria, con el objeto de prestar asistencia a la Administración Tributaria Canaria en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal con funciones de inspección en zonas turísticas y puertos, actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas, la importación de barcos, control de vehículos de segunda mano y alta gama, labores del tabaco…”, explicó.
Socorro Beato hizo referencia al fraude fiscal como un fenómeno del que se derivan graves consecuencias para la toda la sociedad, al mermar los ingresos públicos y condicionar el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones, “además del agravio que representante para las empresas y los ciudadanos fiscalmente cumplidores que deben enfrentarse a la competencia desleal de los incumplidores”. Hacer frente a estos comportamientos defraudatorios no “debe centrarse solo en la detección y regularización de los incumplimientos tributarios sino además en evitar que estos incumplimientos se produzcan con medidas disuasorias del fraude y fomentado el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”
