Socorro Beato: “El Pacto por el Derecho a una Vivienda digna propuesto por el Gobierno de Canarias carece de concreción y ficha financiera”
El Grupo Nacionalista Canario a través de su diputada Socorro Beato ha elaborado un documento, que ha sido presentado en el registro del Parlamento, con una serie de observaciones y sugerencias al documento del Pacto Social y político por el Derecho al Acceso a una vivienda digna en Canarias que ha propuesto la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Entre las observaciones y sugerencias al preámbulo “se echa en falta una referencia primero, al Plan Estatal de Vivienda, que constituye un punto de partida para cualquier actuación en materia de vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma; y en segundo lugar, al Proyecto del Plan de Vivienda de Canarias, elaborado a finales de la pasada legislatura con amplio consenso, y que fue objeto de dictamen del Consejo Económico y Social. Su aprobación definitiva no fue posible debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019.
Este Proyecto de Plan estaba dotado con una ficha financiera, que el actual documento no contempla, de más de 246 millones de euros destinados a cubrir las necesidades del parque público de vivienda que eleva significativamente esta inversión en esta materia para las próximos años
Por otra parte, cabe destacar que los objetivos y cinco ejes estratégicos que se proponen en el Pacto están inspirados, dada su coincidencia, en los objetivos y programa del Proyecto de Plan Canario de Vivienda, así como en los objetivos y programas del Plan Estatal de vivienda.
Estimamos que el Pacto propuesto por el Gobierno de Canarias debería incluir, entre otras consideraciones, la realización de un estudio que permita conocer la situación del mercado inmobiliario y su demanda en cada una de las islas y un compromiso temporal para la elaboración y aplicación de un nuevo Plan Canario de Vivienda como instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de fomento de vivienda y suelo, que ponga uno de sus principales focos en priorizar las actuaciones que tiendan a satisfacer las necesidades de los grupos de población con menos recursos económicos.
Una de las mayores prioridades del Pacto ha de ir encaminada a hacer efectiva la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos y el fomento de la construcción de viviendas protegidas. En este sentido, se tiene que tener en cuenta que, en materia de suelo, Canarias presenta una situación diferente al resto del territorio español: nuestra realidad manifiesta especiales y excepcionales características como territorio escaso, frágil y fragmentado y con unas singularidades naturales y de biodiversidad que obligan a su protección y conservación.
Otras de las medidas que se deben incluir son las referidas a la inspección y control, para evitar el fraude en materia de vivienda protegida, así como medidas contra la especulación, observar la incidencia en el mercado de la vivienda del factor demográfico y la migración; establecer medidas concretas en relación a la autoconstrucción, la gestión del patrimonio público y el fenómeno del alquiler vacacional,
Finalmente, el documento debería incluir unas acciones más concretas y un cronograma definido en cuanto a los plazos de ejecución, además de favorecer la participación de todas las administraciones públicas. Habrá de concretarse también el papel que pueden desempeñar las sociedades de promoción de vivienda, las entidades empresariales y patronales de construcción y promotores de vivienda, las entidades de crédito, los colegios profesionales, las organizaciones sindicales, las entidades del tercer sector, los agentes sociales y las asociaciones de consumidores y usuarios.
El Grupo Nacionalista Canario mantiene su voluntad de contribuir a impulsar políticas encaminadas a afrontar las necesidades de vivienda en Canarias, especialmente la de los colectivos más vulnerables, mayores de 65 años y mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, nuestras propuestas están dirigidas a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, que repercuta en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía y que impulse la actividad económica y la creación de puestos de trabajo.
