Cristina Valido

Valido pide el cumplimiento de los acuerdos para que los mayores de 65 con pensiones bajas reciban la renta de inclusión

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, defenderá mañana una Proposición No de Ley por la que se insta al Gobierno de Canarias cumplir los VI Acuerdos de concertación social para extender la Renta Canaria de Inclusión a los mayores de 65 años, con pensiones inferiores al Iprem, incluyendo las pensiones por viudedad y orfandad y un complemento anual para las pensiones no contributivas, pactado con el Estado por ser incompatibles con cualquier otro ingreso.

Esta PNL tiene la intención de instar a la inclusión y cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados sobre colectivos y situaciones a amparar en el proyecto de Ley que se ha desarrollar para su aprobación en el Parlamento en los plazos estipulados por la Ley de los Servicios Sociales.

En este sentido, la diputada solicita consolidar la renta canaria de inclusión, tal y como se denominó en los VI Acuerdos de concertación social, a todas las familias con menores a cargo sin ingresos o con ingresos por debajo del Iprem, con especial atención a familias monomarentales o monoparentales, manteniéndoles indefinidamente en el sistema si se mantiene la situación de la que derivó la exclusión.

Asimismo, se especifica en uno de los puntos que la Renta Canaria de Inclusión permitirá la suspensión temporal por incorporación a contratos temporales reanudándose de forma automática la percepción de la misma  una vez que este haya finalizado y el perceptor vuelva a no tener ingresos; será a su vez compatible con ingresos precarios fruto de contratos parciales o por horas que no alcancen el mínimo del Iprem.

Por último, garantizar su percepción a todos los colectivos beneficiarios de la PCI vigente de manera indefinida siempre que se mantenga la situación por la que fue concedido

Para todo ello, la PNL plantea la necesidad del refuerzo de los equipos de intervención y desarrollo de programas de inserción socia laboral municipales, para cuya financiación el Gobierno tendrá que negociar con la Fecam.

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