Valido recuerda que la transición a la renta canaria de inclusión ya estaba en marcha tras la aprobación de la Ley de Ser vicios Sociales
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha recordado que la transición a “la Renta canaria de inclusión está en marcha desde que la nueva Ley de Servicios Sociales entró en vigor, y lo que toca ahora es gestionarla y ejecutarla sin falsas promesas y con un modelo único y un coste real asumible”.
Como se anunció en su momento el objetivo del Gobierno de Fernando Clavijo era incrementar la PCI y progresivamente ir pasando a una Renta de Inclusión social para lo que dotó de una partida de 56 millones de euros en la nueva Ley.
“Pero como en campaña electoral todo cabe, “nueva Canarias y Podemos presentaron una propuesta sobre la Renta de Ciudadanía sin un detallado estudio financiero y escasa profundidad técnica que no obtuvo el apoyo de la cámara. En ese momento solo les interesaba la foto y hoy el nuevo Gobierno de Canarias habla “de coordinar análisis y trabajos previos para proceder a su legislación”, sin tener aparentemente una idea clara, dando mensajes confusos con lo que esto para las familias vulnerables en situación crítica, generando expectativas que les conducirán a mayor frustración, desapego y enfado.
Fue el Gobierno anterior el que dio los primeros pasos para incorporar fondos a los servicios sociales municipales y para incrementar la partida de los equipos de intervención en la exclusión, para poder realizar una atención adecuada a los nuevos perceptores, derivados de la ampliación de la PCI, y establecimos un plazo de cinco años, con cifras reales y asumibles, para llegar a 130.000 familias que podrían recuperar una vida autónoma y salir de la renta con un buen trabajo tras la inserción sociolaboral.
Ese incremente presupuestario estaba planificado en un marco de gasto sostenible y acordado en una mesa de concertación social con representación de todos los agentes sociales y económicos, en la que se acordó también la inclusión en esta renta de otros colectivos y rentas complementarias a quienes no llegan al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que fueran compatibles con las pensiones o pequeños ingresos que recibían. También se acordó no suspender el abono de la renta cuando los contratos logrados por los perceptores fueran parciales o por horas y no alcanzaran el Iprem establecido. Las familias con menores a su cargo que cumplieran los 18 años y siguieran estudiando podrían también permanecer en el sistema.
Por eso, ahora lo que toca es legislar, pero siempre bajo criterios técnicos rigurosos, sostenibles y garantistas. “y esto parece que no lo está haciendo el Gobierno de Canarias, “toca dejar de marear la perdiz, ponerse de acuerdo en el modelo y no prometer lo que no se puede ofrecer”, reclamó Cristina Valido
