Beato: “El crecimiento de Administración Pública se debe principalmente al coste de organización de las elecciones autonómicas”
- García Ramos duda que se cumpla con el compromiso de completar el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria
- Son unos presupuestos continuistas sin ninguna línea de actuación relevante
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, evidenció esta mañana que los presupuestos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se han incrementado un 12,55 %, equivalente a 45,39 millones de euros, “porque corresponde principalmente a la organización de las elecciones autonómicas del 2023”.
Este presupuesto carece, por tanto, de nuevas políticas públicas o de inversiones relevantes, a parte de los financiados con los fondos del Next-Generation EU.
Socorro Beato sí advirtió de una partida de 2 millones de euros, en la sección 19, para afrontar el coste derivado del traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral (competencias en costas).
Sorprende la asignación de esa cantidad cuando se demoró el traspaso de competencias en esta materia porque el Gobierno de Canarias alegaba que quería garantizar el traspaso efectivo de todos los medios necesarios. “¿Se han asumido las competencias con los recursos a la baja y Canarias será la que al final asuma el coste del traspaso?, se preguntó la diputada.
La Palma
En el área de Justicia, la diputada propuso que en La Palma se abone a los abogados de La Palma, con efecto retroactivo, la atención jurídica que realizaron, y están realizando, los abogados de la isla para atender a las personas damnificadas por la erupción del volcán.
Asimismo, y tras constatar el poco compromiso económico del Gobierno con La Palma, desde el Grupo Nacionalista “hemos propuesto y seguiremos proponiendo la creación de un Consorcio que integre a todas las administraciones públicas implicadas y puedan trabajar, así, de manera más efectiva por la reconstrucción de la isla”.
Empleo público
Por otra parte, Socorro Beato destacó que vuelve a incorporarse este año la referencia al aplicativo informático que permitirá gestionar las listas de empleo temporal de una forma más eficiente, eficaz y transparente. “Llevamos dos años consignando la misma previsión, ¿veremos en 2023 esa gestión? ¿habrá novedades sobre la regulación de esas listas? ¿aprobará el Gobierno un reglamento de gestión de las mismas?”, se preguntó.
Sobre la estabilización del empleo temporal, la diputada insistió en la necesidad de cumplir con el calendario previsto para evitar que suceda, como pasa en el ámbito de Educación, que los sindicatos anuncien paros y haya un riesgo, para cientos de profesionales, a perder sus puestos de trabajo.
En esta línea, llevamos advirtiendo desde hace unos meses la necesidad de encontrar una solución a las personas que no pasen los procesos de estabilización. “¨No podemos permitir que haya profesionales que se queden sin trabajo después de años prestando servicios”, advirtió.
En cuanto a normativa, “seguimos esperando por la modificación de la Ley de juego y apuestas para proteger a los menores, la Ley de Gobierno y Administración Pública, la Ley de Régimen Jurídico del sector público, la Ley de empleo público y la Ley Canaria de Gobierno Abierto”.
Tampoco se han desarrollado políticas para transformar la administración ni para la mejora de la gestión después de la pandemia. “Son un clamor las quejas por falta de atención ciudadana. No se entiende cómo después de la pandemia se han abierto todas las actividades económicas y sociales y la administración pública sigue poniendo trabas para atender a los ciudadanos”, denunció la diputada.
Seguridad
Finalmente, en materia de Seguridad, Juan Manuel García Ramos recordó al consejero los problemas que arrastra le empresa pública GSC, y cuya solución no ha visto contemplada en los Presupuestos, como la actualización de la RPT, la formación continua, la organización de turnos y la recuperación del 5% de reducción del sueldo por los recortes de la crisis anterior.
En relación al despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, el diputado planteó si el incremento en un 9,31% en su partida podría suponer, finalmente, al despliegue de los efectivos hasta un número de 300, al que se comprometió el Gobierno a principio del año 2022.
