Elena Luis insta a todas las administraciones a implicarse en la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Elena Luis, ha instado a todas las administraciones, desde los Ayuntamientos hasta el Estado, pasando por Cabildos y la Comunidad Autónoma, a implicarse en la financiación y gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas ya que es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios básicos. Se da la circunstancia de que, en nuestra Comunidad Autónoma, los municipios son los que prestan esos servicios sociales y progresivamente han visto mermados sus fondos y tienen que hacer frente a un 70% de sus costes.
Este problema de financiación se complica aún más con la aprobación, en 2013, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira las competencias en Servicios Sociales a los municipios «si bien su aplicación, como ya se ha visto en el Parlamento, ha quedado relegada», explicó.
El daño está hecho, lamenta Luis, “ya que esta confusión legal y el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a partir del 2012, han impedido que los municipios incrementen sus presupuestos en la proporción que exigía la durísima realidad social que padecemos”.
La diputada insistió, asimismo, en que hay que revertir la situación generada por la falta de financiación, “que el Estado ha reducido en casi un 30% y fortalecer las estructuras descentralizadas que son las más eficaces en la gestión de los servicios sociales”.
Elena Luis puso en valor el trabajo que realizan los municipios, también dentro de la estrategia canaria frente a la pobreza, que aunque no ha sido renovada sus herramientas siguen siendo útiles, “a falta de que se pueda terminar, cuanto antes, la Ley de Servicios Sociales y el catálogo de Servicios, así como el Plan Estratégico de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión Social”
En esa línea, la diputada nacionalista insistió en que, “como Parlamento, debemos reclamar un sistema de financiación justa para Canarias, la modificación de la reforma laboral para recuperar el empleo de calidad, que saque de la pobreza a quienes hoy no tienen un medio de ganarse la vida; la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que pone en riesgo los servicios sociales primarios; así como la subida de las pensiones no contributivas, que en Canarias afecta a miles de familias que están sumidas en la pobreza”, concluyó.
