Cristina Valido

Opinión. Cifras que hablan solas

Cristina Valido.-

Estos días se han publicado algunas de las cifras de atención a la emergencia social en esta crisis del Covid-19, sólo Cruz Roja y Cáritas han llegado a casi 100.000 personas en este confinamiento, duplicando sus servicios y ayudas habituales. Los ayuntamientos de gran población ya han expresado que sus ayudas de emergencia se han cuadriplicado con especial vértigo en los municipios de mayor población y en aquellos en los que el turismo es el motor socioeconómico principal de sus habitantes.

Este no es el momento de articular inventos para los que no se tienen ni personal ni recursos suficientes, diseñando además toda una gincana telemática a la que los más vulnerables no pueden ni acercarse. Un sistema telemático que da ventaja a quienes más tienen, inabordable para los más vulnerables, aquellos que deberían ser la prioridad.

Cansados de escuchar hablar de la brecha digital que entre otras cosas, y según datos del INE, han dejado a más de 15.000 estudiantes canarios sin clase on-line, no se puede permitir que una ayuda de emergencia social descanse en una plataforma digital que requiere de servicio de una sede electrónica que además no está respondiendo. O un 012 colapsado, que en la mayoría de los casos termina derivando a los ayuntamientos a tantas personas que tras muchos intentos y minutos en espera en un teléfono de pago, acaban con suerte siendo atendidas pero no culminan el procedimiento de solicitud por infinidad de motivos o dudas. Igual situación con las ayudas de alquiler que han abierto su convocatoria al mismo tiempo y con los mismos inaccesibles o desbordados modos.

La propia consejera Noemí Santana anunciaba con alegría que en los primeros días se habían recibido 6.000 llamadas de las cuales las mitad solo pedían información, Vivienda habla de 12.000 la primera semana…”.

Mientras, decenas de miles de personas resisten con ayudas municipales y de las principales ONG’s de Canarias, llegando a recibir los alimentos en su domicilios, gracias a miles de voluntarios que han demostrado que la inmediatez en la emergencia, con conocimiento y capacidad de comprobación de la realidad de los beneficiarios, está en la cercanía que solo los municipios y estas asociaciones pueden ofrecer.

Parece obvio que lo que el gobierno debe hacer es nutrir y reforzar el músculo del los servicios sociales municipales y las entidades del tercer sector, derivar todos los recursos posibles a la ventanillas y teléfonos que contestan y resuelven el hambre y las urgencias, esta es la primera responsabilidad del gobierno y es eso lo que debe resolver de manera inmediata.

Todos los esfuerzos hechos para una ayuda puntual de emergencia que aún no llega y cuya correcta concesión no podrán comprobar aceptando únicamente una declaración responsable deberían estar dirigidos a reforzar los efectivos para gestionar la solicitudes de los muchos nuevos demandantes de PCI, que no dejarán de crecer en los próximos meses, son estos y no otros puntuales y exiguos, los ingresos que han de llegar a las familias para enfrentar los tiempos que vienen.

Deleguen y deriven los recursos necesarios de las ayudas puntuales y de emergencia a quienes conocen los casos y a las personas, a los que distribuyen el dinero público con más información y garantía y no colapsen servicios como el 012, vitales para otras muchas cuestiones de empleo, sanidad etc. Transfieran fondos suficientes a municipios y ONG’s que advierten de un escenario que ya transitamos de gravedad social extrema con falta de recursos en los municipios, y esto sí que es grave y peligroso.

Que cada uno haga lo que mejor sabe hacer, contando con la especialización que cada administración ya tiene y no superponiendo ofertas y servicios que solo generan ineficacia y confusión.

En lo que se decidan a cumplir con el mandato de la Ley de Servicios Sociales de presentar la renta mínima canaria que también recoge el Estatuto canario, lleven la PCI a los hogares que la requieren.

La fotografía es la de más de 400.000 personas, entre desempleados, afectados por Ertes o autónomos con cese de actividad, 274.000 pensionistas contributivos y no contributivos, y de todas estas personas en situación de vulnerabilidad casi 100.000 atendidas por las principales ONGS, y 136.000 personas atendidas por los ayuntamientos canarios sin que hubieran llegado aún los efectos del Covid-19 que las multiplican cada día.

Ante esto, la PCI no llega a 7.000 personas y el tan vendido Ingreso canario de emergencia no ha llegado aún a una sola familia. Las cifras hablan solas.

Noticias relacionadas

Grupo Nacionalista Canario