Opinión. O faltan ideas o faltan ganas de trabajar
Cristina Valido.-
Si los Presupuestos son la fiel voluntad política de este gobierno, vaya decepción. Una esperaba más, la verdad. Lo que hemos encontrado en estos presupuestos es el enorme vacío de un Gobierno lleno de eslóganes pero falto de ideas y de trabajo.
Para empezar, la memoria que acompaña el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales es un corta y pega de la memoria de los presupuestos de 2019, los mismos que ellos, Si Podemos Canarias, enmendaron “porque reinciden en las mismas políticas, recursos, y medidas que han resultado incapaces de mejorar o resolver los problemas del archipiélago”. Y cuándo tienen la posibilidad de hacer su propio presupuesto copian casi literalmente la memoria de los presupuestos anteriores.
Además intentan disfrazar lo que ya se hacía como nuevas medidas. Es el caso de la llamada Renta Ciudadana que no es más que la PCI ampliada que el anterior Gobierno, junto con los sindicatos y la patronal, aprobó poner en marcha.
No hay Ley de Renta Ciudadana ni tan siquiera en forma de borrador y obvian que la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI), es la única ley para la inclusión en vigor. Así que llaman Renta Ciudadana a la PCI ampliada y quieren hacer creer a la ciudadanía que están empezando a aplicarla. Esto es un engaño mayúsculo y puede plantear problemas en su ejecución por ser un programa económico que no tiene norma de aplicación.
Los incrementos presupuestarios de algunas partidas son para dar cumplimiento a los acuerdos de mejora de la gestión del Gobierno anterior, tanto en dependencia como en PCI. Cualquier Ejecutivo tenía la obligación de hacer esos crecimientos marcados en los acuerdos plurianuales con los Cabildos, o en cumplimiento de la aprobación de los VI acuerdos de Concertación Social y de la propia Ley de Servicios Sociales.
Y es curioso que, quien lleva cuatro años criticando desde la oposición, reclamando medidas brillantes y novedosas, presente su primer presupuesto con las mismas líneas y programas de presupuestos anteriores. De hecho, la memoria es casi por completo copia literal.
Lo que sí es novedoso es que este presupuesto, no solo no mejora los capítulos de personal en el área de Derechos Sociales sino que reduce bolsas que financiaban acumulación de tareas, horas extra, o planes de choque para responder al crecimiento de la demanda. Es decir, la misma consejera que alega que falta personal, no le destina fondos.
Y por último, tras años reclamando ficha financiera para Servicios Sociales, ahora reducen de 55 millones a 25 millones de euros la partida destinada a financiar su desarrollo; cinco meses han tardado en incumplir una Ley que ellos mismos ayudaron a aprobar.
No hay ni un gesto para cumplir las mejoras en la financiación de las plazas de protección a menores en desamparo o medidas judiciales, pero sobretodo es llamativa la reducción en las obras y equipamiento en centros para menores con medidas judiciales, obligadas por la alta ocupación y la adaptación de los centros a la nueva legislación.
Nadie sabe cómo van a cumplir con los requerimientos de financiación más urgentes que exige la Ley, entre otros la financiación para el mantenimiento y crecimiento de personal en los servicios sociales municipales, la financiación de los servicios de las entidades sin ánimo de lucro que no podrán contar con fondos de las convocatorias públicas tras el anuncio de limitación de importes y proyectos, ¿si va a iniciar la concertación social donde está la previsión económica para esos conciertos?
Pero hay más promesas y exigencias desaparecidas.
¿Dónde está el fondo autonómico para la accesibilidad universal dotado como mínimo con el 0´5% del Presupuesto de la Comunidad Autónoma que exigía Podemos en su enmienda a la totalidad del año pasado?
¿Y el fondo canario de ayudas a la emergencia social tal y como reclamaba el Partido Socialista para cubrir el tiempo en que se tramitara la correspondiente PCI?.
¿Y los 50 millones de euros para complementar las 43.000 pensiones no contributivas?
No están.
Este un presupuesto que no cumple con la Ley de Servicios Sociales recién aprobada, que cambia el nombre a la PCI sin modificar la ley que le es de aplicación, cuyos crecimientos responden a la estrategia plurianual comprometida con Cabildos y Ayuntamientos por el gobierno anterior. Este presupuesto constata la demagogia y el populismo que, en la oposición, el cuatripartito podía explotar pero que, en el gobierno, destapa su incapacidad e incumplimientos. Este presupuesto demuestra que o faltan ideas o ganas de trabajar y sobran incoherencias.
