Socorro Beato

Opinión. Presupuestos, inestabilidad política y regla de gasto

Socorro Beato.-

En estos últimos meses las administraciones públicas comienzan a elaborar sus presupuestos para el siguiente ejercicio, que este año vendrán condicionados por la crisis política en Cataluña.

El clima de inestabilidad política, social y económica está marcando el diseño de los presupuestos de comunidades autónomas y de corporaciones locales que dependen, en buena medida, de las líneas maestras que trazan, cada año, los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de España, ante la imposibilidad de aprobar sus presupuestos para el 2018, ha decidido prorrogar los del presente año. Esto añade más incertidumbres que certezas en todas las administraciones. Estas tendrán que ser tremendamente prudentes en sus previsiones sobre el crecimiento de la economía y por tanto en la previsión de sus ingresos, además de desconocer cuáles podrán ser las transferencias que reciban o cuánto han de consignar como reserva por un posible incremento de las retribuciones de los empleados públicos.

La Comunidad Autónoma Canaria es de las pocas, del conjunto del Estado, que ha venido cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Gracias a una buena gestión presupuestaria y al sacrificio colectivo de todos sus ciudadanos, Canarias cuenta con excelentes indicadores respecto al déficit público, la deuda per cápita y el cumplimiento en el pago a proveedores, aún cuando continuamos siendo la Comunidad peor financiada del conjunto del Estado, con la menor financiación per cápita, muy por debajo de la media.

También los ayuntamientos han hecho gala durante los años de la crisis de un esfuerzo de disciplina y saneamiento financiero. La situación ha variado sustancialmente en los ayuntamientos, que han pasado de acumular millones de euros en déficit a una una trayectoria de superávit anuales, ratificada en el primer semestre de 2017, en el que vuelven a superar los objetivos fijados por el Gobierno de España y desde Bruselas.

La deuda financiera también ha experimentado una evolución positiva sin apartarse de los objetivos fijados en el horizonte del 2020, a lo que hay que añadir la mejora de los ratios en cuanto rebaja del periodo medio de pago a proveedores.

Las duras medidas impuestas por el Estado, el control férreo de las cuentas y la responsabilidad de los gestores demuestran la madurez de la administración local para hacer frente a la gestión de sus recursos.

Es preciso que el Estado valore la buena gestión de las cuentas autonómicas y la de los ayuntamientos pero no sólo con buenas palabras sino con hechos que marquen la diferencia entre quien ha cumplido y quien no.

Una de las vías para conseguirlo es que el Gobierno de España acceda a flexibilizar la regla de gasto, tal como se ha pedido de forma reiterada desde Canarias, como lo exige la Federación de municipios y como reclama la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local.

Una de las conclusiones a las que ha llegado esta Comisión de expertos es la necesidad de la revisión de la regla de gasto. Recordemos que la regla de gasto impone que la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Encontrar la fórmula de ajustar la regla de gasto permitiría elaborar unas cuentas más expansivas e incrementar los presupuesto de la misma manera que crece nuestra economía, en los mismos términos en los que crece nuestro PIB, para que esos recursos repercutan en el bienestar de los canarios.

Se trata de una regla fiscal, que si bien cumplió su papel para el saneamiento financiero de las haciendas autonómicas y locales, en estos momentos nos parece tremendamente injusta. Se da la paradoja de que existen entidades locales con liquidez y con fondos acumulados en los bancos a las que la regla de gasto les  impide incrementar su presupuesto aún contando con solvencia económica, estabilidad presupuestaria y saldo positivo.

Es tiempo de aprovechar todos los recursos económicos disponibles para ponerlos al servicio de los ciudadanos, para la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales y para contribuir a la dinamización y el impulso de la economía con más inversiones públicas.

 

 

 

 

 

 

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