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Opinión. Trabajo y compromiso de Coalición por regular los vertidos al mar

Opinión. Trabajo y compromiso de Coalición por regular los vertidos al mar

Socorro Beato

Socorro Beato.-

En las últimas semanas, y con motivo de la aparición de las conocidas como microalgas en las costas y playas canarias, ha habido una presión mediática y política sobre la inacción del Gobierno de Canarias ante este asunto y así como sobre la existencia de vertidos ilegales, erróneamente relacionados con el fenómeno natural.

El problema de los vertidos ilegales tierra-mar no es nuevo, tal y como recordé esta semana en el Parlamento. Los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, incluido el actual, han mantenido una política activa que se remonta a la época en la que Manuel Hermoso fue presidente.

De esa fecha es el  primer convenio de infraestructuras hidráulicas con el Estado, que lo firma para los años 1997-2004, Antonio Castro. También de esta etapa es el Plan Director de Infraestructuras de Canarias, cuya redacción comenzó en el año 1996 y que el Parlamento conoció en abril de 1999, cuyo testigo recogió Román Rodríguez y pudo así ejecutar, junto a Adán Martin como vicepresidente, los convenios y toda la planificación que Hermoso dejó aprobada.

El segundo convenio de infraestructuras hidráulicas para el periodo 2008-2012 lo suscribió Juan Ramón Hernández, bajo la presidencia de Paulino Rivero. A ellos les tocó lidiar con la más dura de las crisis que hemos conocido. El Estado no cumplió con el convenio y fueron necesarias hasta cinco prórrogas. Las obras se ralentizaron porque hubo que elegir entre infraestructuras o la educación, la sanidad y los servicios sociales para los canarios. Se priorizó la atención a las personas por encima de todo, eran años en los que no había dinero para todo.

Sin duda, se han hecho muchas cosas bien. No hace mucho tiempo, los pozos negros o la fosa séptica eran la única realidad en Canarias al no existir redes de alcantarillado. Tampoco hace tanto de cuando la prioridad en algunas islas era poder abrir el grifo y que saliera agua, y había que recurrir a traer agua en buques aljibes de la Armada española.

Y hoy, a pesar del esfuerzo y los recortes, la realidad es bien distinta, con problemas activos pero con presencia puntera de tecnología en desalación de agua y en producción de agua desalada mediante energía eólica; know how que hemos exportado fuera de las Islas, especialmente a África.

No podemos negar ni olvidar que esta transformación fue liderada por Coalición Canaria, y nadie nos puede acusar de mirar para otro lado.

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No se puede decir que los demás no hayan hecho nada, pero lo que es cierto es que todos somos partes del problema y todos somos actores necesarios para su solución: cada uno de los partidos políticos que gobierna o ha gobernado cualquier institución de Canarias en los últimos años.

Los vertidos tierra mar es una competencia compartida: Los ayuntamientos son competentes en la evacuación y tratamiento de aguas residuales; los cabildos, en la elaboración de los Planes hidrológicos insulares, la cooperación con ayuntamientos y las autorizaciones de los Consejos insulares de aguas. El Gobierno de Canarias, de las autorizaciones y el control posterior, además de la inspección y sanción. Y el Estado competente en las infraestructuras de interés general  y, por tanto, obligado a financiarlas, además de la emisión de informes de impacto ambiental y la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Tal y como informó la consejera de Ordenación Territorial y Medio Ambiente ya tenemos un avance de la actualización del censo de vertidos que nos permita actuar, insisto, coordinadamente para poder desbloquear los expedientes atascados en Madrid y dar soluciones allí donde son necesarias.

 

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