Opinión. Un Estatuto de Autonomía para el siglo XXI

José Miguel Ruano.-

Como Portavoz del Grupo Nacionalista canario (Coalición Canaria-PNC), tuve la responsabilidad de defender, el pasado martes día 13 de diciembre, la Propuesta de  Estatuto de Autonomía de Canarias ante el Congreso de los Diputados. El texto había sido aprobado, en marzo de 2015,  en el Parlamento de Canarias con los 3/5 que exige el Reglamento, con el apoyo de los grupos Nacionalista Canario y Socialista.

En un sistema parlamentario, la mayoría representativa toma las decisiones que considera más adecuadas para el desarrollo económico y social de la población a la que representa, por lo que esta propuesta, ya aprobada por las Cortes Generales, tiene la legitimidad necesaria y suficiente para que el procedimiento para su definitiva aprobación siga su curso.

La toma en consideración favorable del nuevo Estatuto de Autonomía ha sido posible gracias a la incorporación del Partido Popular, con los que hemos acercado y perfilado posiciones en varias reuniones previas en el seno del  Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

¿Por qué necesita Canarias un nuevo Estatuto? ¿Cómo define esta norma nuestra posición dentro del Estado?

Nuestra voluntad es estar integrados en el Estado, tal y como lo hemos estado desde que el Archipiélago se incorporó a la Corona de Castilla en el siglo XV, pero con herramientas suficientes que nos permitan disponer de políticas adaptadas a nuestra realidad de lejanía e insularidad y aumentar nuestro autogobierno.

Esta singularidad ya se recogía en los primeros fueros castellanos, y desde entonces Canarias goza de rasgos diferenciadores con la metrópoli; a pesar de ello y de la Ley de Puertos Francos(1900), Ley de Cabildos(1912), la Constitución Española(1978) o el Estatuto de 1982, resultan insuficientes para el completo encaje de Canarias  en España.

Este reconocimiento sí lo realizó la Unión Europea al considerar Canarias como una nacionalidad singular, diferenciada,  lejana e insular, en el Derecho primario de la Unión Europea, hoy el artículo 349 del TFUE , como Región ultraperiférica de la Unión, junto a Madeira,  Azores y los departamentos franceses de ultramar.

¿Es suficiente  el Estatuto del año 82, con  una reforma pequeña para el nuevo escenario político, económico y social del siglo XXI? Para nosotros la respuesta es no, no es un marco suficiente y debemos aspirar a más.

Hasta tanto se proceda a la reforma de la Constitución para plantear el anclaje del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y encajar nuestras singularidades como terrritorio, en el Estatuto  debemos garantizar que el proceso de reforma y actualización del  REF tenga las garantías institucionales suficientes y las modificaciones que el Estado realice se hagan respetando la posición de Canarias.

Sin duda y en este escenario político, estamos en condiciones de promover, de trabajar, de impulsar un nuevo Estatuto para un período de 20-25 años más y que sirva como herramienta eficaz para situar a Canarias en las mayores cotas de desarrollo económico y social. Por eso no entiendo, no entendemos como fuerzas como Podemos y Ciudadanos nieguen la posibilidad de contar con un Estatuto actualizado y de segunda generación, máxime cuando pueden participar en el plazo de enmiendas para que contemos con un Estatuto apoyado por todos: no hay que olvidar que el Estatuto es para Canarias como la Constitución para España.

Somos un Archipiélago Atlántico, donde se asienta un solo pueblo en un territorio terrestre y un territorio marítimo, plataforma para las políticas europeas y españolas hacia África, en el que podamos ejercer el liderazgo en el Atlántico medio con otros Archipiélagos de la Macaronesia, fomentando la competitividad de nuestra economía en la globalización y  garantizando la sostenibilidad ambiental y la cohesión social de nuestra población.

Este reconocimiento a nuestra realidad exige –como ya ocurre en la acción de la UE hacia Canarias- la modulación de las políticas y actuaciones del Estado en materia de transportes, de telecomunicaciones, de mercado interior, de energía, de medio ambiente, de  puertos, de  aeropuertos, de inmigración, de fiscalidad, de  comercio exterior y de  cooperación al desarrollo…

Canarias es sin duda un territorio diferente, singular, y en ello reside su derecho a alcanzar las mismas cotas de bienestar que el resto de comunidades españolas.

Con ese espíritu también proponemos un marco  nuevo de derechos y libertades públicas de la ciudadanía como corresponde a un Estatuto de segunda generación.

En materia electoral sentamos bases estatutarias, rebajando topes y propiciando cambios que ayuden al estudio de  una reforma por Ley canaria, desde la conjugación en una única Cámara de la población y el territorio, sobre la base del equilibrio y la solidaridad.

El Estatuto no es solo una norma abstracta: de su contenido y desarrollo posterior dependerá, en gran medida, el día a día de los más de dos millones de personas que viven en Canarias.

 

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Grupo Nacionalista Canario